Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) difundieron una “carta pública al pueblo argentino” en la que expresan su profunda preocupación por las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. Señalan que la reforma propuesta por el Ejecutivo y tratada en el Congreso Nacional “incumple” la normativa vigente y compromete la estabilidad financiera de las casas de estudio públicas.
Desde el gremio calificaron la situación como de “extrema gravedad institucional”, en un contexto que también incluye lo que consideran una “reforma laboral regresiva” y dificultades para aplicar la ley vigente. En ese sentido, advirtieron que el Gobierno “judicializa para no cumplir con una medida cautelar dictada por el Poder Judicial Federal que lo obliga a aplicarla integralmente”, lo que, según Coad, agrava el deterioro salarial y el funcionamiento de las universidades públicas.
La controversia se da justo cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto para modificar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa oficial busca atar parte del presupuesto al índice de inflación, establecer recomposiciones salariales y prever fondos para hospitales universitarios, además de garantizar paritarias obligatorias cada tres meses, según lo detallado por fuentes parlamentarias. Sus impulsores sostienen que la modificación permitirá “garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública”.
Sin embargo, el rechazo no se limita a Coad. Rectores de otras casas de estudio, como la Universidad Nacional del Litoral, también expresaron que el proyecto “ni siquiera resuelve problemas salariales y de becas” y plantean que la normativa vigente debería aplicarse sin demoras. Estas posturas reflejan un clima de tensión entre distintos sectores del sistema universitario público y las autoridades nacionales, con advertencias sobre la potencial afectación de salarios, becas, presupuesto operativo y calidad educativa si la reforma avanza sin cambios.
Coad además recordó que la discusión de estos temas tiene un calendario parlamentario cercano, ya que el tratamiento del nuevo proyecto está previsto para marzo, y reclamó que no se retroceda ni negocie a la baja los avances logrados con la ley original de financiamiento.
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