El Gobierno informó este viernes que dio de baja más de 100.000 Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral. Según precisó el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, el 60% de las personas no se presentó a verificar los requisitos necesarios para continuar con el cobro del subsidio.
El anuncio del Ejecutivo se concretó días después de que Javier Milei vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Senado sancionó en julio pasado y que dispone una actualización del subsidio y una mejora en las prestaciones.
“En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522, que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores“, sostuvo el funcionario en la Casa Rosada.
Además, Adorni confirmó que se dieron de baja otras “8.107 que correspondían a personas fallecidas“, como así también 10.038 de beneficiarios que renunciaron a ellas. El cálculo del Ejecutivo sobre el “ahorro” que representará para las arcas del Estado estas bajas en Pensiones no Contributivas por Discapacidad Laboral, será de unos $35.000 millones mensuales.
Sobre los subsidios suspendidos, el vocero presidencial advirtió que “se encontraron casos resonantes“, por ejemplo, “gente que presentó la misma radiografía que otras personas, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión” y subrayó: “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”.
“Este mecanismo no es novedoso”, aclaró antes de recordar un episodio de Chaco en el que “se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferente” y remarcó: “Esto ocurrido, por supuesto, durante la gestión pasada”.
El funcionario detalló que “entre 2003 y 2015, o sea, los tres gobiernos kirchneristas“, la cantidad de pensiones “pasó de 79.000 a 1.045.000” y bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 -durante el mandato de Mauricio Macri-, mientras que para diciembre de 2023, post Presidencia de Alberto Fernández, se había incrementado a 1.222.000. “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”, alertó.
Las principales razones detrás de las bajas tiene que ver con el incumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la prestación y con la inasistencia reiterada e injustificada a las auditorías convocadas. Al finalizar el proceso, estas suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas.
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