Miguel Ángel Calvete, de 60 años, se perfila como una de las figuras centrales en la causa que investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Fiscalía lo señala como un operador “para-estatal” con una influencia que excedía el comportamiento típico de un simple intermediario, ya que incursionaba directamente en la adjudicación de contratos sin ostentar un cargo oficial.
Calvete cuenta con un pasado que lo vincula tanto a la política como a los negocios. Fue concejal por Cambiemos en el partido bonaerense de La Matanza y, como representante de la cámara de supermercados chinos, se movía con facilidad entre ámbitos empresariales y políticos.
En su historial judicial, Calvete arrastra una condena firme: en junio de 2019, un tribunal oral lo sentenció a cuatro años de prisión efectiva por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. La Justicia acreditó que, junto a su hermano Alejandro Calvete y otro cómplice, asignaba departamentos en CABA a mujeres para el ejercicio del comercio sexual bajo condiciones leoninas.
En la causa ANDIS, se investiga que Calvete supuestamente coordinaba pagos y gestionaba cobros para droguerías y firmas proveedoras del organismo, como INDECOMM SRL, Profusión S.A. y Profarma S.A. En los chats incautados, aparece agendado por Diego Spagnuolo con el alias “Chuen Li” y hablaba de borrar historiales, bloquear contactos y ocultar registros.
El escándalo también salpica a su entorno familiar. Su hija, Ornella Calvete, fue nombrada en el Gobierno nacional y trabajó en el Ministerio de Economía bajo responsabilidad de la ANDIS. Según su declaración jurada, tenía un patrimonio de apenas US$ 45.000, pero cuatro meses después la Justicia secuestró cerca de US$ 700.000 en su domicilio.
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