La investigación que se inicia en el año 2019 a partir de una amenaza a un funcionario policial deriva en la toma de conocimiento, por parte del Fiscal David Carizza de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA, de presuntas irregularidades en los procesos de gestión de compras directas que se realizaban desde al erario provincial por parte de la división de administración y finanzas de la Unidad Regional 2 de Policía de la provincia de Santa Fe.
A partir de esta situación se realizan una serie de allanamientos en la que se secuestra documentación sobre todas las contrataciones que esta dependencia realizado entre los años 2017 a 2019 inclusive, obrante en 44 cajas que fue analizado por un equipo interdisciplinario perteneciente al Organismo de Investigaciones. Este equipo integrado por especialistas en ciencias económicas, criminología, personal policial y abogados, luego de 2 años de trabajos de análisis e investigación detectó una maniobra por la cual se daría apariencia de licitud a un entramado ilegal en el cual se defraudaba al erario público a través de pagos de sobre precios y de favoritismos a determinados proveedores.
A principios del año 2020 se realizan nuevos allanamientos a las Direcciones Generales de Administración de Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad secuestrándose documentación obrante en más de 30 cajas sobre rendiciones de cuenta de los periodos 2016 a 2018, que termina confirmando que el aparente entramado corrupto transcendía la ciudad de Rosario.
Este sábado, el Organismo de Investigaciones acompañado por la Tropa de Operaciones especiales y el Grupo de Operación Táctica realizaron, por decisión del Fiscal interviniente, allanamientos a siete domicilios, dos de los cuales se correspondieron a una única propiedad, de grandes dimensiones, perteneciente a un ex jefe de policial de provincia, funcionarios policiales de altas jerarquías y civiles cuya función habría sido la prestación de servicios de modo irregular
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