El Concejo Municipal de Rosario avanza en el debate para regular el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad, con el proyecto del Ejecutivo local y una iniciativa presentada por La Libertad Avanza sobre la mesa. Durante la reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, realizada este miércoles quedaron expuestas las principales diferencias entre ambos espacios y los puntos que todavía pueden generar negociaciones. El encuentro comenzó pasadas las 13.30, luego de que la convocatoria original, prevista para las 11, fuera postergada. La discusión giró en torno al alcance de la regulación, las condiciones que deberán cumplir los prestadores, las tarifas y los mecanismos de control del servicio.
El PJ pidió más tiempo para discutir la regulación
El concejal Mariano Romero, del bloque del Partido Justicialista, señaló que acompañaba en términos generales la iniciativa del Ejecutivo, aunque planteó diferencias con algunos aspectos de fondo. Consideró que el debate representa una oportunidad para mejorar el sistema de movilidad de Rosario y establecer reglas que prioricen la seguridad de los vecinos. En ese sentido, pidió más tiempo para discutir la propuesta y puso el foco en la cobertura de los seguros para los vehículos y las motos que se utilizan para prestar el servicio.
También planteó la necesidad de establecer una tarifa mínima y máxima que resulte efectiva y de planificar la cantidad de prestadores habilitados, con criterios claros para ordenar la actividad.
La Libertad Avanza quiere menos requisitos
Desde La Libertad Avanza, el concejal Enríquez defendió una propuesta con menos exigencias estatales para el funcionamiento de las plataformas. El bloque rechazó la implementación de tarifas mínimas y máximas, así como el cobro de un canon a los prestadores.
Además, se opuso a establecer obligaciones adicionales de entrega de datos y cuestionó el acceso irrestricto a esa información. Según planteó, el objetivo es que las aplicaciones puedan funcionar como lo hacen actualmente, sin sumar nuevas regulaciones.
Otro de los puntos centrales fue el rechazo a exigir una licencia de conducir profesional, bajo el argumento de que ese requisito dejaría afuera a una parte de quienes podrían prestar el servicio. La iniciativa también busca incluir a las motos y evitar que la actividad quede encuadrada dentro del servicio público.
Enríquez sostuvo que, desde la perspectiva ideológica de su espacio, no se justifica ampliar la regulación estatal y planteó la necesidad de reducir las cargas que pesan sobre el servicio público para facilitar la incorporación de nuevos prestadores a las aplicaciones.
El oficialismo defendió un registro y controles
Por el oficialismo, el concejal Fiatti sostuvo que el municipio debe contar con un registro de las personas que quieran prestar el servicio mediante aplicaciones. La propuesta contempla identificar tanto a los conductores como a los vehículos involucrados.
En materia de licencias, planteó que los requisitos para los conductores deben adecuarse a la normativa nacional. También advirtió sobre las dificultades vinculadas con los seguros para motos y señaló que, según expuso durante la reunión, la Superintendencia de Seguros de la Nación no cuenta actualmente con una cobertura regulada específica para esa modalidad.
La tarifa mínima quedó entre los temas abiertos a discusión, lo que deja margen para eventuales acuerdos durante el tratamiento legislativo.
Los puntos que pueden definir el acuerdo
Aunque el oficialismo y La Libertad Avanza coinciden en avanzar sobre la regulación de las aplicaciones, sus posiciones difieren en aspectos centrales del esquema que se busca implementar.
Los principales puntos del acuerdo
Tarifas: el oficialismo mantiene abierta la discusión sobre un piso tarifario, mientras que La Libertad Avanza rechaza tanto los mínimos como los máximos.
Registro y datos: el Ejecutivo plantea identificar a conductores y vehículos; la oposición libertaria cuestiona las exigencias de información y el acceso a los datos.
Licencias: el oficialismo propone adecuarse a la normativa nacional, mientras que La Libertad Avanza rechaza la licencia profesional como requisito.
Seguros: la cobertura para los vehículos, especialmente las motos, aparece como uno de los principales desafíos para garantizar la seguridad.
Encuadre de la actividad: La Libertad Avanza busca que las aplicaciones no queden comprendidas dentro del servicio público y propone reducir las exigencias para facilitar el ingreso de prestadores.
El tratamiento de la ordenanza deberá resolver estas diferencias para definir bajo qué condiciones podrán operar las aplicaciones de movilidad en Rosario. La discusión busca establecer un marco para una actividad que ya funciona en la ciudad, con posiciones contrapuestas sobre cuánto debe intervenir el Estado y qué controles son necesarios.
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