
Una funcionaria judicial bonaerense fue detenida acusada de integrar una organización que habría utilizado datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para robar sus identidades y operar cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La mujer, identificada como A.M., fue arrestada durante una serie de allanamientos realizados por el Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA). Según los investigadores, aprovechaba su actividad en el Patronato de Liberados para captar a personas vulnerables y convencerlas de entregar su documentación a cambio de dinero.
La investigación sostiene que la organización habría utilizado esas identidades para mover fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas. El circuito financiero investigado habría alcanzado unos $27.000 millones en pocos meses.
Cómo obtenían los datos biométricos
De acuerdo con la investigación, la funcionaria ofrecía alrededor de $80.000 a las personas seleccionadas a cambio de entregar su documento, tomarse fotografías y someterse a un supuesto “escaneo del ojo”.
La maniobra permitía obtener información biométrica de las víctimas bajo la apariencia de una lectura de iris. Una vez que las personas se retiraban, sus datos comenzaban a ser utilizados por la estructura investigada.
Con esa información, la organización habría logrado abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las víctimas. Sin embargo, los teléfonos celulares, correos electrónicos, dispositivos y claves utilizados para acceder a esas cuentas quedaban bajo el control de los integrantes de la red.
Una red para mover y ocultar el dinero
Según los investigadores, una segunda etapa de la maniobra estaba a cargo de M.P., quien también fue detenido. Su presunta función era participar de la apertura y administración de las cuentas creadas con identidades ajenas.
Las cuentas recibían transferencias de manera constante y posteriormente eran vaciadas. El dinero habría circulado por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras y criptoactivos, con el objetivo de dificultar el seguimiento de su origen.
En el nivel financiero de la estructura aparece I.L.M., también detenido. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría detectado alrededor de $27.000 millones en pocos meses, de acuerdo con las fuentes de la investigación.
El nombre de I.L.M. ya había aparecido en otra investigación: la causa conocida como Sur Finanzas, vinculada a una financiera relacionada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e investigada por presunto lavado de activos, asociación ilícita y defraudación.
Nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba
El operativo fue realizado con intervención de la UFI N.º 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, y del Juzgado de Garantías N.º 6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
El Departamento Delitos Fiscales de la PFA llevó adelante nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Mar del Plata.
Durante los procedimientos fueron secuestradas importantes sumas de dinero en pesos y moneda extranjera, además de cuadernos con anotaciones que serían parte de la contabilidad de los casinos.
Los agentes también incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet, numerosas tarjetas bancarias, un BMW M240i xDrive y una pistola semiautomática Glock calibre 9×19 milímetros.
Buscan a los responsables de la estructura
Como resultado de los procedimientos quedaron detenidos A.M., M.P. e I.L.M. Los dos primeros se negaron a declarar, mientras que I.L.M. presentó un escrito en el que negó su participación en las maniobras investigadas.
Los tres enfrentan una causa por asociación ilícita, estafa, juego clandestino y lavado de activos.
Ahora, los investigadores trabajan sobre los dispositivos, tarjetas y soportes secuestrados, que serán sometidos a peritajes forenses, contables y financieros.
El objetivo es reconstruir el circuito completo del dinero, determinar quiénes participaron en la captación y administración de las identidades y establecer quiénes fueron los beneficiarios finales.
La investigación no descarta que la organización tenga conexiones con otras provincias e incluso con el exterior, por lo que podrían producirse nuevos allanamientos y detenciones a medida que avance el análisis de la información secuestrada.
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