La decisión del Parlamento Europeo de rechazar la normativa que pretendía clasificar a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” fue celebrada por el Gobierno de Santa Fe, que consideró el resultado como un respaldo a la producción nacional y, especialmente, a la industria del biodiésel. La medida evitó que el combustible argentino quedara excluido de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea, preservando exportaciones estimadas en unos 390 millones de dólares anuales.
Tras conocerse la resolución, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó el trabajo conjunto realizado entre los gobiernos provinciales, la Nación y el sector privado para defender la posición argentina ante las autoridades europeas.
“Es fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado. Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
Además, recordó las gestiones realizadas ante la Cancillería argentina, donde presentó un documento respaldado por evidencia científica y económica para demostrar la sustentabilidad del biodiésel producido en el país.
“Seguimos comprometidos con una matriz energética más sustentable, que cuide el ambiente, impulse la producción, genere empleo y agregue valor a nuestra materia prima”, sostuvo Pullaro.
Hoy el Parlamento Europeo rechazó la norma que clasificaba a la soja como cultivo de alto riesgo y perjudicaba la exportación de biodiésel argentino. Esto es el resultado de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el gobierno nacional y el sector privado.
Juntos,… https://t.co/aN6Sa2JRS8
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 8, 2026
Santa Fe destacó el impacto para la producción
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la decisión europea representa un logro estratégico para la provincia, que concentra más del 80 % de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país.
“Este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”, afirmó.
El funcionario explicó que, de haberse aprobado la normativa europea, el mercado comunitario podría haberse cerrado para el biodiésel argentino, generando un fuerte impacto económico sobre una de las principales cadenas productivas de Santa Fe.
Un informe técnico fue clave para revertir la medida
Como parte de la estrategia de defensa, la Provincia elaboró un dossier técnico que fue presentado ante las autoridades de la Unión Europea.
El documento aportó evidencia científica para demostrar que la producción de soja en Argentina no implica un avance sobre los bosques nativos y que el biodiésel nacional reduce aproximadamente un 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el gasoil de origen fósil.
El trabajo fue realizado en conjunto entre el Gobierno santafesino, universidades, cámaras empresariales y organismos técnicos nacionales, con el objetivo de respaldar técnicamente la posición argentina y evitar el cierre del mercado europeo.
El reclamo ahora apunta a una nueva Ley de Biocombustibles
Tras el respaldo obtenido en Europa, el Gobierno de Santa Fe volvió a insistir en la necesidad de avanzar con una nueva Ley Nacional de Biocombustibles, que permita potenciar el desarrollo del sector y aprovechar la capacidad instalada de la industria, actualmente con niveles de utilización que oscilan entre el 50 % y el 65 %.
La propuesta impulsada por la provincia contempla elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15 % (B15), con una transición automática al 20 % (B20) siempre que resulte competitivo frente al diésel importado.
También plantea incorporar nuevos combustibles renovables, como el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF), dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de establecer una distribución más equilibrada del mercado interno entre plantas integradas y no integradas.
Puccini sostuvo que el desafío no pasa únicamente por sostener las exportaciones, sino también por sustituir importaciones de combustibles fósiles.
En ese sentido recordó que Argentina importa anualmente alrededor de 1.500 millones de litros de gasoil, volumen que, según la Provincia, podría ser reemplazado por biodiésel de producción nacional, fortaleciendo la industria, generando empleo y agregando valor a la cadena agroindustrial santafesina.
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