El programa de aportes dirigido a establecimientos educativos y organizaciones benéficas sigue en plena expansión, coordinado por el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública mediante la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Este plan, promovido por la administración de Maximiliano Pullaro, tiene como propósito fundamental reconvertir elementos incautados al crimen organizado en herramientas útiles que potencien el deporte, la enseñanza y el desarrollo de la comunidad. Desde el comienzo de esta iniciativa, el número de instituciones santafesinas que recibieron estos beneficios ya superó el centenar.
Nuevas entregas en la zona norte rosarina
En este contexto de trabajo continuo, durante esta semana se concretaron dos flamantes adjudicaciones en Rosario. Una de ellas tuvo lugar en la Escuela Primaria República Oriental del Uruguay, ubicada en calle Salvat 1150; mientras que la segunda se desarrolló en la Escuela Primaria San José de Calasanz, en bulevar Rondeau 3921.
Ambas jornadas contaron con la presencia de Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales, y de Hernán Matich, subsecretario de la Aprad.
Los insumos otorgados a los colegios incluyeron:
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Pelotas y pecheras
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Mesas de ping-pong
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Pizarrones
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Guitarras
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Diversos accesorios para consolidar la integración y las actividades recreativas del alumnado.
Sobre este punto, Figueroa Escauriza subrayó que se trata de una política pública de amplio alcance y detalló que dichos artículos “fueron adquiridos con dinero recuperado del delito”.
Además, hizo hincapié en que esta línea de acción refleja la firme postura sostenida desde el inicio de la gestión: “Lo que alguna vez estuvo vinculado a actividades ilícitas vuelve a la sociedad y a la educación pública. Es una manera de reparar, resignificar y transformar esos recursos en oportunidades para quienes más los necesitan”, remarcó.
Un círculo virtuoso contra la criminalidad
Toda esta acción estatal se enmarca en una estrategia global enfocada en desarticular la estructura financiera de las bandas, considerado uno de los pilares más importantes para enfrentar la inseguridad.
Por este motivo, el Ejecutivo provincial fomenta el decomiso de propiedades y fondos ligados a actos ilícitos, impulsando luego su comercialización en subastas públicas, su integración al patrimonio estatal o su reutilización social directa.
A través de este mecanismo virtuoso, los frutos del circuito ilegal regresan a la población transformados en servicios, infraestructura y dotación de materiales, beneficiando de manera tangible a entidades de bien público y garantizando, como aseguró el secretario, que estos recursos logren llegar a cada rincón de la provincia.
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