“Delito de adulto, pena de adulto”. Con esa definición, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, respaldó la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil y remarcó que la provincia se encuentra preparada para afrontar su aplicación.
Durante una conferencia de prensa, Coudannes sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad es una medida que la actual gestión venía reclamando y preparando desde antes de la entrada en vigencia de la normativa.
La funcionaria destacó que el trabajo provincial no se limitó a adecuarse al decreto reglamentario, sino que incluyó el desarrollo de una estructura institucional y de infraestructura para poder implementar las medidas que correspondan en materia penal.
En ese marco, planteó que quienes cometan delitos de gravedad dentro de las condiciones previstas por la nueva legislación deberán afrontar las consecuencias correspondientes.
“Delito de adulto, pena de adulto”
Uno de los principales conceptos expresados por la vocera fue la necesidad de diferenciar entre los menores que requieren intervención preventiva y aquellos que, de acuerdo con la nueva normativa, quedan alcanzados por la responsabilidad penal.
“Delito de adulto, pena de adulto”, sostuvo Coudannes, al referirse al nuevo escenario que plantea el régimen penal juvenil.
La funcionaria también vinculó la modificación con una problemática que preocupa especialmente a las autoridades provinciales: el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.
Según explicó, las bandas delictivas utilizaron en distintos casos a menores de edad para cometer delitos, aprovechando las limitaciones que existían en el régimen anterior. En ese sentido, consideró que la nueva normativa también constituye un golpe para esas estructuras.
Ya hubo dos casos desde la entrada en vigencia
Coudannes informó que desde la entrada en vigencia de la nueva legislación ya se presentaron dos casos que involucraron a adolescentes de 14 años: uno en San Lorenzo y otro en Rosario.
En ambos episodios, explicó, la Fiscalía realizó pedidos que posteriormente fueron desestimados por la Justicia.
Más allá de esos primeros antecedentes, la vocera buscó dejar en claro que la provincia cuenta con la estructura necesaria para intervenir cuando corresponda.
“En Santa Fe tenemos preparada toda la estructura para implementar las acciones que correspondan en materia penal”, afirmó.
Qué pasará con los menores que todavía no son imputables
La estrategia provincial, según explicó Coudannes, no se limita a la aplicación del régimen penal. También contempla medidas para aquellos niños y adolescentes que todavía no alcanzaron la edad establecida para la responsabilidad penal.
En esos casos, la provincia trabaja con acciones socioeducativas de puertas abiertas y con un seguimiento específico de situaciones consideradas de riesgo.
La funcionaria puso especial énfasis en los menores de 13 años que podrían encontrarse próximos a cumplir la edad de imputabilidad y que requieren atención de las distintas áreas del Gobierno.
El objetivo, señaló, es realizar un seguimiento de la evolución de esos jóvenes y evitar que puedan ser captados por bandas criminales.
De esta manera, el Gobierno provincial plantea una estrategia que combina la aplicación del nuevo régimen penal con acciones preventivas y socioeducativas, mientras sostiene que la entrada en vigencia de la normativa marca una nueva etapa frente a los menores involucrados en delitos y al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
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