El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes el derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes ubicado en Spiro 314 bis, en el barrio Villa Manuelita de Rosario. Con esta intervención, ya son 80 los puntos de venta de drogas inactivados en la ciudad y 136 en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, impulsada al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La política de inactivación de inmuebles comenzó a aplicarse a principios de 2024, luego de la sanción de la normativa a fines de 2023, y se lleva adelante mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.
La Ley de Microtráfico permite avanzar sobre inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes y sobre propiedades vinculadas con circuitos delictivos relacionados con hechos de violencia altamente lesiva.
El secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la importancia de intervenir estos lugares no solo por su actividad vinculada al narcomenudeo, sino también por el impacto que generan en los barrios. “Son centros de violencia que generan problemas graves, con vecinos que vieron su vida trastocada por balaceras y muertes”, señaló.
En ese sentido, Pereira remarcó la cantidad de intervenciones realizadas desde la puesta en marcha de la normativa: “Ochenta derribos es un número importante para el breve período de implementación de la ley, pero es una lucha de todos los días. Tenemos que seguir trabajando para que estas intervenciones tengan el impacto que necesitamos”.
Una investigación de más de un año
El fiscal Diego Giro explicó que el derribo realizado en Villa Manuelita es consecuencia de una investigación que lleva más de un año y que ya permitió concretar numerosas detenciones y secuestrar estupefacientes.
“Es el tercer derribo que se realiza en este sector. Hubo uno en la esquina, a pocos metros de aquí, y otros dos de manera paralela al que estamos realizando”, precisó el fiscal.
Según explicó Giro, la investigación apunta a una organización que operaba en la zona y que buscaba reponer los puntos de venta cada vez que uno de ellos era desarticulado.
“Lo que sucedía era que, cuando se derribaba un punto de venta, se regeneraban otros. Entendemos que esta es la manera de avanzar para llevar tranquilidad a los vecinos y evitar situaciones que no solo generan venta de drogas, sino también toda la violencia asociada”, sostuvo.
El rol de las denuncias de los vecinos
El fiscal también resaltó la importancia de la participación ciudadana para detectar lugares vinculados a la comercialización de drogas y avanzar con las investigaciones judiciales.
“La gran mayoría de las causas comienza por denuncias de vecinos que, agobiados por estas situaciones, deciden llamar al 911”, indicó Giro.
Además, recordó que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y que no es necesario brindar información personal para aportar datos a una investigación. “No es necesario brindar datos personales. Esa información permite a la Fiscalía iniciar investigaciones y avanzar sobre estos lugares”, afirmó.
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