El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa del plan de reducción del Estado impulsado por el presidente Javier Milei y ejecutado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La estrategia se centra en acelerar los retiros voluntarios en organismos descentralizados y estudiar la posibilidad de extender el mecanismo a áreas de la administración pública central.
La medida forma parte del proceso de ajuste que el oficialismo bautizó como la “motosierra”, uno de los ejes principales de la gestión libertaria desde diciembre de 2025. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 2.300 empleados ya aceptaron acuerdos de desvinculación y el Ejecutivo proyecta profundizar el recorte en los próximos meses.
Desde la Casa Rosada explicaron que no existe una meta fija de reducción, sino que el esquema se adapta a cada organismo. “En cada retiro se proyecta un número por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico”, señalaron fuentes oficiales.
El plan ya fue aplicado en distintas áreas estatales. Entre ellas aparecen Radio y Televisión Argentina (RTA), donde se redujo la planta en más de 252 empleados, además de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística (BCyL).
El oficialismo también prepara una nueva etapa de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y analiza avanzar sobre el PAMI, que actualmente cuenta con cerca de 11.000 trabajadores. Además, el Gobierno mantiene bajo estudio otros cuatro organismos, aunque evitó precisar cuáles son.
En Balcarce 50 defienden el sistema de desvinculación voluntaria y sostienen que permite reducir el conflicto gremial mientras genera ahorro fiscal. Los acuerdos contemplan el pago de aproximadamente el 90% del salario bruto por cada año trabajado.
“Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros”, explicaron desde el entorno del Gobierno.
Además, remarcan que quienes adhieren a este esquema no podrán volver a trabajar en el Estado durante un período de cinco años.
En el Ministerio que conduce Sturzenegger consideran que el retiro voluntario resulta menos costoso que afrontar indemnizaciones y aseguran que, en algunos casos, son los propios empleados quienes solicitan incorporarse al programa. En paralelo, reconocen que extender el sistema a la administración central es una posibilidad concreta. “Es una posibilidad a analizar”, admitieron desde el Ejecutivo.
Según el último informe del INDEC, correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales cuentan actualmente con 276.104 empleados, lo que representa una caída interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025.
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