El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), en conjunto con abogados ambientalistas, presentó este martes una demanda ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, para exigir la suspensión inmediata del proyecto petrolero offshore “Sea Lion”. La iniciativa busca detener las operaciones y el financiamiento del consorcio británico-israelí que opera en la Cuenca Malvinas Norte, argumentando riesgos ambientales y la defensa de la soberanía argentina.
La demanda contra los capitales extranjeros
La presentación judicial fue tipificada como una “acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva”, amparada en el artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La medida apunta directamente contra las empresas a cargo de la explotación hidrocarburífera en las Islas: la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), además de cualquier otra entidad involucrada en su diseño y construcción.
Los excombatientes y ambientalistas exigen a la Justicia Federal una medida cautelar urgente con dos objetivos centrales:
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Frenar las obras, perforaciones y movimientos sobre el lecho marino del Atlántico Sur.
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Cortar el circuito financiero que hace posible el megaproyecto “León Marino”, hasta que se acredite el estricto cumplimiento de las leyes ambientales argentinas.
Los argumentos detrás del reclamo
La acción judicial sostiene que los permisos otorgados por el gobierno británico en las Islas son inoponibles a la República Argentina, ya que no pueden reemplazar las autorizaciones ambientales que exige la legislación nacional.
El escrito subraya que el aprovechamiento de estos recursos naturales es una cuestión estratégica. Asimismo, advierte sobre el riesgo diplomático y jurídico de no actuar, señalando que “la inacción sostenida de un Estado frente a los actos de otro puede debilitar su propia posición jurídica”.
El impacto y la escala del proyecto Sea Lion
El proyecto, catalogado como la mayor iniciativa petrolera offshore proyectada en el Atlántico Sur, prevé una explotación a gran escala en los próximos años:
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El inicio de la producción de crudo está estipulado para marzo de 2028.
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Se calcula que el consorcio alcanzará un pico de extracción de 50.000 barriles diarios para el año 2032.
Antecedentes judiciales contra las petroleras
El Juzgado Federal de Río Grande ya registra un historial de expedientes por la explotación no autorizada de recursos en la plataforma continental, impulsados tras una modificación legal que tipificó esta actividad como delito penal:
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En 2015: Se promovió una denuncia que derivó en órdenes de secuestro de buques y embargos millonarios contra compañías que operaban sin autorización nacional.
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En 2020 y 2021: El Estado argentino envió notas de desaliento a Navitas Petroleum y posteriormente inició un proceso formal de sanciones contra la empresa israelí, además de Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy.
Respaldo de la Municipalidad de Ushuaia
Tras oficializar el pedido en Río Grande, la delegación del CECIM y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) se trasladó a Ushuaia. En la Sala de Situación del municipio fueron recibidos por autoridades locales para analizar los alcances del reclamo.
Del encuentro participaron Jerónimo Guerrero Iraola (abogado del CECIM); Enrique Viale y Lucas Micheoud (presidente y director ejecutivo de AAdeAA); junto a los secretarios municipales Omar Becerra (Relaciones Parlamentarias) y el veterano de guerra Dante Asili (Asuntos Malvinas).
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