La causa unificada Hotesur-Los Sauces volvió a tener posiciones contrapuestas durante una nueva audiencia del juicio oral. Mientras la Fiscalía expuso los argumentos con los que busca demostrar una presunta maniobra de corrupción y lavado de activos, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner presentó una respuesta en la que negó las irregularidades y aseguró que las operaciones comerciales investigadas fueron lícitas.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 continúa con la lectura de las acusaciones contra la expresidenta y el diputado nacional, entre otros imputados. En ese marco, el fiscal Diego Velasco sostuvo que existió una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual Néstor y Cristina Kirchner habrían utilizado distintas áreas del Estado para favorecer a empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de obtener beneficios económicos para su propia familia.
La defensa, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, rechazó esa interpretación. En un escrito entregado al director de El Cohete, Horacio Verbitsky, afirmó que Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. eran sociedades familiares dedicadas a la compra y el alquiler de propiedades, registradas formalmente y con documentación contable e impositiva.
Según los abogados, los inmuebles fueron adquiridos con fondos lícitos y el patrimonio de ambas empresas fue declarado ante los organismos correspondientes. También señalaron que la procedencia de esos bienes ya había sido examinada en expedientes anteriores relacionados con el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, en los que ambos fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito.
Qué sostiene la Fiscalía sobre el circuito de fondos
En su exposición, Velasco afirmó que la maniobra investigada se habría extendido durante más de 12 años y que para sostenerla fue necesaria la participación coordinada de empresarios, funcionarios y familiares de los expresidentes.
De acuerdo con la acusación, Los Sauces fue creada en 2006 y habría funcionado como una estructura para canalizar dinero hacia la familia Kirchner mediante contratos de alquiler. La Fiscalía señaló que Máximo Kirchner fue presidente de la sociedad y que también intervino en operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la empresa vinculada a Báez.
El fiscal también atribuyó responsabilidades a Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios, por su participación en las estructuras societarias de Hotesur y Los Sauces. En paralelo, sostuvo que Báez, López y De Sousa habrían aportado mecanismos societarios y contables para movilizar fondos y hacer que parte de ese dinero regresara a la familia Kirchner.
Uno de los argumentos centrales de la acusación apunta al origen de los ingresos de las empresas. Según la Fiscalía, el 65% de la facturación provenía de compañías del Grupo Indalo, vinculado a López y De Sousa, mientras que el 23% correspondía al Grupo Báez.
Para los acusadores, esos recursos estarían relacionados con la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz y con presuntos beneficios otorgados a empresas del Grupo Indalo desde el Estado. También señalaron que algunos alquileres se habrían pactado por encima de los valores de mercado.
La Fiscalía vinculó además los hechos investigados con la causa Vialidad y sostuvo que ambos expedientes describen distintos aspectos de una misma asociación ilícita. La defensa, por su parte, cuestionó esa interpretación y afirmó que la hipótesis de asociación ilícita ya había sido descartada en aquel proceso.
La respuesta sobre los alquileres y las operaciones inmobiliarias
En su presentación, los abogados de Cristina y Máximo Kirchner rechazaron que los contratos investigados fueran ficticios. Sostuvieron que los alquileres de viviendas fueron reales, que los inmuebles fueron utilizados por sus inquilinos y que los pagos se realizaron mediante operaciones facturadas y bancarizadas.
Respecto de los hoteles, la defensa argumentó que la familia no se encargaba de explotarlos comercialmente, sino que percibía un canon por su arrendamiento. También mencionó la existencia de un peritaje que, según su interpretación, respalda que esos contratos se ajustaban a valores de mercado.
Los abogados negaron que la relación contractual con empresarios que recibieron adjudicaciones de obra pública configurara negociaciones incompatibles. En ese sentido, afirmaron que Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner no participaron en los procesos de licitación, ejecución ni control de los contratos cuestionados.
Además, rechazaron la hipótesis de lavado de activos. Argumentaron que los fondos ingresaron a través de cuentas bancarias, con registros trazables, facturación y pago de impuestos, por lo que consideraron que no existieron operaciones clandestinas.
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