
La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en lo que significó la segunda victoria legislativa consecutiva del oficialismo, luego de la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El proyecto fue aprobado con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La Libertad Avanza contó nuevamente con el respaldo de sus aliados habituales del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo.
En la vereda opuesta se ubicaron Unión por la Patria y la izquierda, además de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Qué cambia con la nueva Ley de Inocencia Fiscal
La iniciativa modifica distintos aspectos de la Ley 27.799 y amplía de manera significativa el universo de personas que podrán optar por el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
El nuevo esquema contempla a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina, sin establecer límites de ingresos ni de patrimonio para acceder a la modalidad.
Hasta ahora, el régimen alcanzaba únicamente a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Además, el proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios contemplados por el régimen.
Uno de los puntos que se mantiene es la capacidad de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
En ese marco, la iniciativa redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que funciona como criterio para que el organismo pueda impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar sobre las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
La discrepancia quedará configurada cuando la impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Otro requisito establece que quienes adhieran al régimen deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, mediante los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores.
Como último cambio incorporado al dictamen, se acordó reducir en 25% las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
El oficialismo defendió la iniciativa
La diputada de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la normativa original de Inocencia Fiscal, aprobada durante el período de sesiones extraordinarias, necesitaba modificaciones luego de algunos meses de aplicación.
La legisladora cordobesa defendió la lógica de la reforma y afirmó que el objetivo es “confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos”, en lugar de considerar sospechosa a una persona por haber recurrido al ahorro informal durante períodos de alta inflación.
Rodríguez Machado también vinculó la iniciativa con la histórica pérdida de valor del peso argentino y señaló que el país se convirtió en una de las pocas economías donde los ciudadanos perciben sus ingresos en pesos pero buscan ahorrar en dólares.
Durante el debate, Silvana Giudici, también de La Libertad Avanza, defendió además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada previamente y destacó las políticas económicas implementadas por la administración de Milei.
La legisladora cuestionó la gestión de Alberto Fernández por la inflación acumulada y el nivel de reservas y reivindicó la reducción de la inflación y la recuperación de distintos sectores económicos durante la actual administración.
Fuerte rechazo de la oposición
La oposición cuestionó duramente el proyecto y puso el foco en el impacto que podría tener sobre la capacidad del Estado para detectar evasión y otros delitos económicos.
La diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta calificó la iniciativa como una “obscenidad fiscal” y cuestionó al Poder Ejecutivo por no explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen de Inocencia Fiscal.
Desde Unión por la Patria, Juan Grabois rechazó la propuesta y sostuvo que la norma beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.
El dirigente de Patria Grande afirmó que el Gobierno impulsa beneficios para los sectores más ricos mientras mantiene el ajuste sobre trabajadores, jubilados, pequeños empresarios y sectores populares.
Grabois también cuestionó el propio nombre de la iniciativa y acusó al oficialismo de invertir la relación entre quienes cumplen con sus obligaciones tributarias y quienes evaden.
Lousteau apuntó contra la capacidad de ARCA
Otro de los cuestionamientos más fuertes estuvo a cargo del diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, quien consideró que detrás de la simplificación de las declaraciones juradas existe una reducción de las herramientas de fiscalización del Estado.
Según el legislador, la reforma podría afectar la capacidad de ARCA para detectar evasores seriales, narcotraficantes y casos de corrupción.
Lousteau también apuntó contra declaraciones realizadas previamente por dirigentes oficialistas sobre la evasión fiscal y cuestionó que algunos integrantes del Gobierno hayan adherido al régimen.
El cierre del oficialismo
El discurso de cierre de La Libertad Avanza estuvo a cargo de Nicolás Mayoraz, quien rechazó los argumentos de la oposición y cuestionó que se equipare a quienes mantuvieron ahorros fuera del sistema financiero con delincuentes.
El diputado sostuvo que el proyecto busca terminar con la presunción de sospecha sobre quienes poseen dinero legítimamente ahorrado y defendió la ampliación del régimen.
Además, aseguró que la nueva Ley de Inocencia Fiscal contribuirá a impulsar el crédito y la actividad económica en la Argentina.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el Gobierno consiguió así su segunda victoria legislativa consecutiva, en una jornada marcada por el debate sobre la política tributaria, la fiscalización de ARCA y el alcance de los beneficios para los contribuyentes.
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