Alan Van Brook, organizador de la fiesta electrónica de Arroyo Seco que terminó con dos muertes en enero 2016, fue condenado por la justicia federal a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por el TOF3 de Rosario, a cartgo de los jueces Osvaldo Facciano (presidente), Eugenio Martínez Ferrero y Eduardo Rodríguez Da Crus.
Según determinó el Tribunal, Van Brook fue el responsable de haber facilitado la venta de drogas sintéticas en el complejo en el que se realizó el evento. Las víctimas de la fiesta fueron Giuliana Maldovan, rosarina de 20 años, y Lucas Liveratore, de San Nicolás, que tenía 34 años. Los fiscales que investigaron el hecho también acusaron al entonces intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, y a otros empresarios vinculados evento al en Punta Stage: Gino Piazzeze Scaglia, socio de Van Brook en Live Art Producciones y Germán Pablo Dalinger, que era gerente de la firma que explotaba el complejo. En estos tres casos, el tribunal decidió la absolución.
Los acusados transitaron el proceso en libertad y ahora Van Brook debe esperar la resolución de la Cámara de Casación para saber si termina preso: “La condena es a cuatro años y seis meses. Si Casación confirma, debería cumplirse en forma efectiva. El delito es haber facilitado la venta de material estupefaciente en la fiesta electrónica de Punta Stage”, explicó el fiscal federal Federico Reynares Solari tras conocerse la sentencia.
Durante la investiación, fiscalía recogió numerosos testimonios que refieren al consumo y a la venta de sustancias estupefacientes de modo extendido durante la fiesta, sin ningún control y de manera apreciable por los presentes, y destaca que en dos allanamientos se secuestró material estupefaciente en el predio.
“Van Brook tenía un mensaje con otra persona que ya fue condenada, en el que lo invitaba a la fiesta y que lleve material. Para el tribunal hubo relación fehaciente con quien vendía estupefacientes y no pasó lo mismo con el resto de los acusados”, amplió el fiscal.
A Esper -intendente de Arroyo Seco entre 2015 y 2023- la acusación fiscal le imputó incumplimiento de sus deberes de funcionario público por haber permitido la realización y prosecución de la fiesta electrónica “en violación de la legislación municipal y provincial vigente que regulaba las habilitaciones, el funcionamiento y los recaudos que debían observarse en la realización de este tipo de actividades”. La acusación fue desestimada por los jueces.
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