La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el nexo causal entre la aplicación de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 y las severas lesiones sufridas por una docente de historia de 39 años. Tras recibir la tercera dosis en diciembre de 2021, la mujer padeció el síndrome de Guillain-Barré, estuvo en coma farmacológico y resultó con un 70% de incapacidad, lo que forzó su jubilación del sistema educativo provincial.
Cronología de las complicaciones
La paciente, que se desempeñaba como profesora en el turno mañana y preceptora por la tarde, había recibido dos dosis previas de la vacuna Sinopharm el 15 de marzo y el 13 de mayo de 2021. El 9 de diciembre de ese mismo año se le aplicó la tercera dosis, esta vez del laboratorio AstraZeneca.
Ese mismo día comenzaron las migrañas que la llevaron a consultar a una guardia médica. Tras un segundo episodio el 17 de diciembre, su cuadro se agravó drásticamente el 22 de diciembre, cuando fue trasladada de urgencia al Hospital Privado de Rosario (HPR). Allí permaneció 20 días en coma farmacológico a raíz de un hundimiento de cráneo, requiriendo una craneoplastía, craneotomía y múltiples intervenciones quirúrgicas.
Secuelas irreversibles e incapacidad
Como consecuencia del cuadro, la docente sufrió la muerte del lóbulo frontal izquierdo, lo que demandó un extenso proceso de neurorrehabilitación. Los informes médicos del Ministerio de Educación de Santa Fe determinaron una incapacidad del 70%, derivando en su jubilación.
La mujer, que está casada y tiene una hija menor de edad, debió adaptar su vivienda y contratar personal de asistencia permanente para el cuidado personal y familiar. Su equipo legal remarcó que el síndrome de Guillain-Barré que padeció está catalogado como una de las posibles contraindicaciones de la vacuna.
Próximos pasos legales
La resolución de segunda instancia de la Justicia federal rosarina se apoya en la normativa del Ministerio de Salud de la Nación, que prevé el Fondo de Reparación Covid-19 para indemnizar a quienes sufrieron daños físicos por la campaña de inmunización.
Representada por los abogados Estefanía Vega, Luis Escobar y Andrea Nievas, el próximo paso de la docente será someterse a una comisión médica que evalúe el grado final de incapacidad bajo parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este dictamen será clave para iniciar las acciones legales correspondientes directamente contra el laboratorio fabricante.
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