La Justicia francesa declaró inconstitucional la ley que buscaba prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. El Consejo Constitucional consideró que la medida afectaba de manera desproporcionada derechos fundamentales como la libertad de expresión y comunicación de los adolescentes.
La norma había sido aprobada por el Parlamento francés y estaba destinada a entrar en vigencia durante el inicio del ciclo escolar. Su objetivo era proteger a los menores frente a distintos riesgos asociados al uso de las plataformas digitales, entre ellos el acoso, la exposición a contenidos perjudiciales y determinados fenómenos vinculados al uso excesivo de las redes sociales.
Sin embargo, el Consejo Constitucional sostuvo que la prohibición general no resultaba “adecuada, necesaria ni proporcionada” para alcanzar ese objetivo. Según el tribunal, la legislación no diferenciaba suficientemente entre las distintas plataformas, sus características, sus contenidos y el nivel de riesgo que podían representar para los menores.
Qué decía la ley francesa
La iniciativa establecía que los menores de 15 años no podrían acceder a determinados servicios de redes sociales. Para aplicar la restricción, la normativa contemplaba mecanismos de verificación de edad, una cuestión que también generó preocupación por sus posibles consecuencias sobre la privacidad de los usuarios.
El tribunal cuestionó precisamente la falta de garantías suficientes respecto de cómo debía realizarse esa verificación. El problema no afectaba únicamente a los adolescentes, ya que un sistema de control de edad podría involucrar también a usuarios adultos.
Además, los magistrados señalaron que la norma no contemplaba de manera suficiente factores como la madurez de cada menor, su situación familiar o la posibilidad de intervención de los padres.
Macron quiere reformar la iniciativa
El fallo representa un revés para el presidente Emmanuel Macron, uno de los principales impulsores de la iniciativa. Sin embargo, el gobierno francés no abandonó su intención de establecer mayores restricciones para proteger a los menores en internet.
Tras la decisión judicial, Macron encargó al primer ministro Sébastien Lecornu la elaboración de una nueva versión de la normativa que pueda ajustarse a las exigencias constitucionales y europeas. El Ejecutivo mantiene como objetivo avanzar con una nueva regulación durante 2027.
Francia había buscado posicionarse como uno de los países europeos más estrictos frente al acceso de los menores a las redes sociales. La decisión del Consejo Constitucional obliga ahora al gobierno a buscar un mecanismo que permita proteger a los adolescentes sin establecer una restricción considerada excesiva sobre sus derechos fundamentales.
El debate se suma a una discusión internacional sobre cómo regular el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales. Mientras algunos gobiernos avanzan con límites de edad, otros buscan imponer mayores obligaciones a las empresas tecnológicas para reducir los riesgos asociados al diseño y funcionamiento de las redes sociales.
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