Un nuevo cruce político volvió a tensar la relación entre dirigentes del PRO y el Gobierno nacional luego de que María Eugenia Vidal apuntara contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la demora en la presentación de su declaración jurada.
Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni. https://t.co/MVPZvCUGto pic.twitter.com/MSu7N1eIaM
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 7, 2026
La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y una de las principales referentes del PRO cuestionó públicamente al funcionario nacional y aseguró que durante su gestión “nunca se hubiera permitido algo así”, en referencia al retraso en la publicación de la documentación patrimonial.
Las declaraciones de Vidal generaron una rápida reacción desde el oficialismo, que eligió responder a través de las redes sociales con un duro mensaje en el que cuestionó la autoridad moral de la dirigente para realizar planteos vinculados a la transparencia.
“La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dedicó su última entrevista no para hablar de las reformas que este Gobierno está aprobando en el Congreso con apoyo del PRO, sino para atacar al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni”, señalaron desde sectores cercanos al Ejecutivo.
En el mismo mensaje, el oficialismo acusó a Vidal de actuar con “hipocresía” y recordó distintas denuncias e investigaciones que la tuvieron como protagonista durante su paso por la administración bonaerense.
Entre los cuestionamientos mencionaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con la compra de un departamento en el barrio porteño de Recoleta, así como la causa conocida como la de los “aportantes truchos”, vinculada al financiamiento de campañas electorales en 2018.
“La política argentina atraviesa una etapa en la que algunos dirigentes pretenden dar lecciones de ética mientras cargan con antecedentes que contradicen ese discurso”, sostuvieron desde el entorno libertario.
La controversia se produce en un contexto de acercamiento legislativo entre el PRO y La Libertad Avanza, espacios que han coincidido en el respaldo a distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno en el Congreso, aunque continúan exhibiendo diferencias y disputas públicas entre algunos de sus referentes.
El intercambio volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la transparencia en la función pública y la obligación de los funcionarios de presentar y publicar sus declaraciones juradas, una herramienta considerada clave para el control ciudadano sobre el patrimonio de quienes ocupan cargos de responsabilidad estatal.
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