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Meta deberá pagar US$567 millones por la salud mental de los jóvenes

Un tribunal de Nuevo México dispuso que la empresa destine los fondos a programas de tratamiento, prevención y protección de menores.

Meta deberá implementar cambios en Facebook e Instagram para reforzar la seguridad de adolescentes

La Justicia de Estados Unidos ordenó a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, pagar US$567 millones para financiar programas destinados a mejorar la salud mental de niños y adolescentes, al considerar que sus plataformas contribuyeron a perjudicar el bienestar de los jóvenes.

La resolución fue dictada por un tribunal del estado de Nuevo México, en el marco de la segunda etapa de un juicio iniciado por el fiscal general Raúl Torrez. El magistrado Bryan Biedscheid concluyó que la compañía generó un “perjuicio público” al exponer a menores a contenidos nocivos y no implementar medidas suficientes para protegerlos.

El monto ordenado se destinará principalmente a programas de atención y tratamiento de salud mental para jóvenes. Del total, US$420 millones serán utilizados para servicios clínicos, mientras que el resto financiará iniciativas de prevención, concientización y seguimiento durante los próximos cinco años.

Además de la sanción económica, el fallo obliga a Meta a introducir cambios en el funcionamiento de sus plataformas. Entre las medidas dispuestas figuran mayores controles para impedir el contacto no deseado entre adultos y menores, mejoras en la verificación de edad, nuevas herramientas de protección para adolescentes y una supervisión más estricta de las interacciones con los chatbots de inteligencia artificial de la empresa.

La decisión se suma a una multa de US$375 millones impuesta previamente en el mismo proceso judicial, por lo que la responsabilidad económica total de Meta en este caso asciende a US$942 millones. La compañía ya adelantó que apelará el fallo y sostuvo que en los últimos años incorporó numerosas funciones para reforzar la seguridad de los usuarios adolescentes.

El caso es considerado un precedente en Estados Unidos y podría influir en otras demandas presentadas contra grandes plataformas tecnológicas por el impacto de las redes sociales en la salud mental y la seguridad de niños y adolescentes.

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