El Senado de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial.
La iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados. Si obtiene la aprobación de los legisladores, se convertirá en ley y establecerá un nuevo régimen de controles para quienes ocupen cargos electivos o hayan sido designados políticamente.
El proyecto fue presentado en julio por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa. La propuesta contempla la detección de sustancias psicoactivas ilegales durante el ejercicio de las funciones públicas.
A quiénes alcanzará la medida
De acuerdo con el texto aprobado, los controles abarcarán al gobernador y vicegobernador, ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo. También estarán incluidos los legisladores y las autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y funcionarios de los organismos de control.
Además, otros agentes públicos de la provincia podrán acceder voluntariamente a este tipo de estudios.
Según los fundamentos del proyecto, la medida apunta a incorporar los análisis dentro de una política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia y la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Cómo serán los controles
La propuesta establece que los estudios deberán ser obligatorios y gratuitos. Los funcionarios deberán realizar un primer examen dentro de los 30 días posteriores a su asunción y luego someterse a controles periódicos, al menos una vez al año.
El régimen también contempla la realización de estudios aleatorios mediante sorteo y la posibilidad de disponerlos ante denuncias fundadas.
Para la implementación de los procedimientos deberán garantizarse condiciones de confidencialidad, respeto por la dignidad de las personas examinadas, derecho a defensa y cadena de custodia de las muestras.
Qué ocurrirá ante un resultado positivo
El proyecto establece que un resultado positivo no tendrá automáticamente consecuencias punitivas. En esos casos, se prevé un abordaje interdisciplinario, con asistencia, orientación y una evaluación destinada a determinar la aptitud de la persona para continuar ejerciendo sus funciones.
A partir de esa evaluación podrían adoptarse medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas, pero con carácter no punitivo.
La situación será diferente para quienes se nieguen a realizar el examen. Según la iniciativa, la negativa será considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, la apertura de un sumario o incluso la remoción, de acuerdo con los mecanismos establecidos por la legislación vigente.
El antecedente de Maximiliano Pullaro
La iniciativa cobró impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera públicamente a un examen toxicológico y convocara a otros integrantes de su gestión a realizar controles similares.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto inicia ahora una nueva etapa en la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir los votos necesarios para avanzar definitivamente y establecer el régimen de controles para los funcionarios públicos de Santa Fe.
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