La construcción del Parque Acuático Costanera Norte dio un paso decisivo con la adjudicación oficial de una de las obras más ambiciosas impulsadas por la gestión municipal. Sin embargo, la definición llega en medio de una fuerte controversia política y judicial que atraviesa al proyecto desde hace meses y que ahora amenaza con trasladar la discusión a los tribunales.
La intervención, que incluye la remodelación integral de La Florida y la transformación de distintos sectores de la costanera norte, demandará una inversión superior a los $13.735 millones. Mientras el municipio la presenta como una apuesta para potenciar el perfil turístico y recreativo de Rosario, distintos sectores de la oposición cuestionan tanto las prioridades de la inversión como el procedimiento utilizado para impulsar la iniciativa.
En ese contexto, la licitación fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A. y De Paoli & Trosce Constructora S.R.L., que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. La adjudicación se conoció en paralelo con la presentación de acciones judiciales impulsadas por referentes de La Libertad Avanza y Ciudad Futura, quienes buscan frenar o revisar la legalidad del proyecto.
Obring es una constructora con fuerte presencia en Rosario y la región, que durante los últimos años participó en diversas obras de infraestructura y espacio público impulsadas tanto por el municipio como por la provincia. Su crecimiento la llevó a intervenir en algunos de los proyectos más relevantes desarrollados recientemente en Santa Fe.
La otra integrante de la UTE adjudicataria es De Paoli & Trosce Constructora, una firma con trayectoria en obras de infraestructura urbana y vial, que también cuenta con antecedentes en proyectos de envergadura en Rosario y localidades cercanas.
Desde el municipio sostienen que la intervención permitirá modernizar uno de los principales espacios recreativos de la ciudad y potenciar el atractivo turístico de la costa rosarina.
Un proyecto atravesado por la discusión política
Mucho antes de que se conociera la adjudicación, el parque acuático ya se había convertido en uno de los temas más debatidos de la agenda política local.
La oposición cuestionó distintos aspectos de la iniciativa, desde la oportunidad de la inversión hasta el mecanismo elegido para impulsar el proyecto. En el Concejo Municipal hubo intentos de abrir una discusión específica sobre la obra y se impulsaron pedidos de informes para conocer detalles técnicos y presupuestarios, aunque esas iniciativas no lograron modificar el rumbo del proceso.
Mientras el oficialismo defendió la propuesta como una intervención estratégica para recuperar la costanera norte, distintos sectores opositores plantearon dudas sobre las prioridades de gasto, el impacto urbano y ambiental y el alcance de las facultades del Ejecutivo para avanzar con una obra de estas características.
La disputa llegó a los tribunales
La controversia política terminó trasladándose a la Justicia. En los últimos días se presentaron dos acciones de amparo por separado que buscan frenar el avance del proyecto o revisar la legalidad de los actos administrativos que lo sustentan.
Una de las presentaciones fue impulsada por el concejal Juan Pedro Aleart junto al abogado Marcos Peyrano, apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe. El planteo solicita que se suspenda el avance de la obra hasta que la Municipalidad entregue la documentación técnica vinculada al emprendimiento.
Según argumentan, durante los últimos meses agotaron las instancias institucionales para acceder a información sobre el proyecto sin obtener respuestas satisfactorias. Entre la documentación reclamada figuran estudios ambientales, hidráulicos y urbanísticos que permitan evaluar el alcance de la intervención prevista en la costa norte.
“Desde el primer día sostuvimos la misma posición. Rosario necesita prioridades claras y transparencia en el uso de los recursos públicos. Pedimos información, explicaciones y estudios que respalden esta obra, pero las respuestas nunca llegaron”, señalaron Aleart y Peyrano al dar a conocer la presentación.
Los referentes libertarios aclararon que no cuestionan las tareas de mejora previstas para la costanera ni las obras de recuperación del sector, sino específicamente la construcción del parque acuático sin que, según sostienen, se hayan difundido todos los informes técnicos necesarios para respaldar la iniciativa.
En paralelo, concejales de Ciudad Futura también acudieron a la Justicia mediante otra acción de amparo. En este caso, el objetivo es que se declare la nulidad del decreto que habilitó la licitación del denominado Parque Acuático-Costanera Norte y, en consecuencia, de todas las actuaciones administrativas derivadas de esa decisión.
El espacio argumenta que el municipio avanzó sobre atribuciones que corresponden al Concejo Municipal al impulsar una obra que consideran extraordinaria y que, según sostienen, no estaba prevista dentro de las partidas aprobadas en el presupuesto vigente.
Además, el planteo incorpora cuestionamientos sobre la localización del proyecto. Según entienden los ediles, parte de las obras previstas afectarían sectores de la Plaza Antonio Berni, un espacio cuyo uso se encuentra regulado por normativa específica y que requeriría otro tipo de tratamiento legislativo para habilitar intervenciones de esa magnitud.
Qué puede pasar ahora
Pese a la judicialización del proyecto, la Municipalidad avanzó con la adjudicación de la obra y continúa con los pasos administrativos necesarios para la firma definitiva del contrato con la UTE ganadora.
De hecho, las acciones judiciales fueron presentadas cuando la intervención ya comenzó a mostrar sus primeros movimientos en el predio de La Florida. Durante las últimas semanas se realizaron tareas preliminares en el sector, entre ellas la demolición de antiguas construcciones destinadas a actividades gastronómicas y el cerramiento de parte del área donde se desarrollará la obra.
En ese contexto, el futuro inmediato del parque acuático dependerá tanto del avance de los trabajos como de las definiciones que adopte la Justicia sobre los amparos presentados. Las resoluciones de los tribunales serán determinantes para establecer si el proyecto continúa según lo previsto por el municipio o si alguno de los planteos opositores logra abrir una instancia de revisión sobre una de las iniciativas urbanas más discutidas de los últimos años en Rosario.
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