Walter Ramírez, de 53 años, y su pareja Marilina D., de 48, quedaron en prisión preventiva efectiva durante cuatro meses, acusados de estafar y defraudar a una mujer de 83 años. Ramírez es el padre de Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez.
La audiencia imputativa se realizó entre el lunes 28 y el martes 29 de septiembre en el Centro de Justicia Penal Rosario. El juez de Primera Instancia Federico Rebola tuvo por formalizada la acusación presentada por la fiscal Cecilia Brindisi, quien les atribuyó los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta, en varios hechos y en concurso real.
El poder que habría permitido manejar los bienes
Según la acusación fiscal, Ramírez y su pareja comenzaron a vincularse con la mujer a principios de 2023 y, progresivamente, habrían obtenido el control de distintos aspectos de su vida y de su patrimonio.
Entre otras cosas, habrían tomado las llaves de su vivienda, incorporado a dos cuidadores allegados a ellos y comenzado a manejar las tarjetas del Nuevo Banco de Santa Fe utilizadas por la víctima.
Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 3 de abril de 2024, cuando la mujer firmó ante una escribana un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes.
La Fiscalía sostiene que los imputados le habrían manifestado que debía firmar un documento relacionado con su cuidado y una eventual internación en un establecimiento para adultos mayores, sin explicarle los verdaderos alcances del poder.
A partir de ese documento, según la acusación, ambos quedaron facultados para administrar y disponer de los bienes e intereses patrimoniales de la mujer.
Créditos por $5,4 millones
Uno de los puntos expuestos durante la audiencia fue la presunta utilización de esas facultades para gestionar créditos a nombre de la víctima.
La Fiscalía detalló préstamos por:
- $2.000.000, en julio de 2024.
- $1.650.000, en enero de 2025.
- $1.450.000, en agosto de 2025.
- $310.000, en diciembre de 2025.
El total asciende a $5.410.000.
La acusación sostiene que esos fondos no fueron destinados a las necesidades de la mujer. Como ejemplo, la fiscal Brindisi mencionó un préstamo de $1.450.000 acreditado el 25 de agosto de 2025: al día siguiente, $1.407.000 fueron transferidos a un hombre que, según la Fiscalía, era desconocido para la víctima.
Transferencias por más de $7 millones
La investigación también detectó movimientos de dinero hacia terceras personas que no estarían vinculadas con los geriátricos donde permaneció alojada la mujer.
Según la acusación, uno de los destinatarios recibió 14 transferencias por un total de $7.180.000.
La Fiscalía también comparó esos movimientos con los pagos realizados a los establecimientos donde estuvo internada la víctima: aproximadamente $2 millones fueron transferidos al geriátrico de Alvear durante cinco meses y unos $5,8 millones al establecimiento de Rosario durante cinco meses de 2026.
Una cuenta que pasó de $400.000 a $1.500
Otro de los aspectos analizados durante la audiencia fueron los movimientos de la caja de ahorro de la víctima.
Según la Fiscalía, en enero de 2024 la mujer contaba con aproximadamente $400.000, mientras que al 31 de agosto de 2026 el saldo era de apenas $1.500.
La acusación sostiene que durante ese período se realizaron compras con sus tarjetas de crédito y débito por montos superiores a sus gastos habituales, sin que los imputados acreditaran que esos fondos hubieran sido destinados exclusivamente a sus necesidades.
También se investigan el cobro y retiro de sus haberes previsionales, además de ingresos vinculados con un campo ubicado en Piamonte.
El auto, la vivienda y sus pertenencias
La Fiscalía también les atribuye haber transferido el 4 de enero de 2024 un Renault Sandero de propiedad de la mujer a una tercera persona.
Según la acusación, le habrían explicado que la operación era necesaria para evitar un supuesto juicio laboral de una persona que había trabajado para ella.
El vehículo fue posteriormente secuestrado durante los allanamientos realizados en Villa Gobernador Gálvez.
Además, se investiga qué ocurrió con las pertenencias que estaban en una vivienda de la víctima en esa ciudad. Según la Fiscalía, el 17 de abril de 2024 Walter Ramírez habría rescindido el contrato de alquiler y permitido el ingreso de su hijo mientras la mujer permanecía internada en distintas residencias para adultos mayores.
La acusación sostiene que posteriormente desaparecieron bienes y efectos personales de la víctima, cuyo destino todavía es investigado.
Una transferencia de USD 8.000
Durante la audiencia también se incorporó al expediente una operación realizada desde la caja de ahorro en dólares de la mujer.
Según la Fiscalía, se transfirieron USD 8.000 a un hombre desconocido para la víctima.
Ese movimiento forma parte del conjunto de operaciones que Brindisi atribuye a los imputados como parte de una administración presuntamente fraudulenta del patrimonio de la mujer.
La causa que involucra al padre del presidente del Concejo
La investigación había comenzado a partir de una denuncia realizada por la mujer mientras se encontraba alojada en un geriátrico. La pesquisa de la PDI permitió identificar al matrimonio señalado como sus apoderados y avanzar sobre sus movimientos patrimoniales.
El viernes pasado, los investigadores allanaron una vivienda de avenida Avellaneda al 2200, en Villa Gobernador Gálvez, donde detuvieron a Walter Ramírez y Marilina D. y secuestraron documentación, dos teléfonos celulares y el Renault Sandero.
La causa judicial está a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi y continuará con ambos imputados bajo prisión preventiva durante cuatro meses.
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