El oficialismo provincial envió a la Legislatura un ambicioso proyecto que endurece facultades policiales, amplía poderes de las Fiscalías y crea nuevas herramientas contra el crimen organizado y el narcotráfico. La iniciativa, titulada “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, modifica artículos del Código Procesal Penal, del régimen penitenciario y de las leyes de inteligencia y recompensas. Entre otros puntos, busca habilitar interrogatorios policiales sin presencia obligatoria de abogados defensores, amplía allanamientos sin orden judicial y permite juicios penales en rebeldía.
Uno de los cambios más polémicos establece que la policía podrá interrogar a imputados “al solo efecto de orientar la investigación” en situaciones vinculadas a riesgos para la seguridad colectiva. Además, se incorpora nuevamente la “declaración informativa” en etapas preliminares de las causas. El proyecto también amplía los casos de allanamientos sin autorización judicial. Entre ellos, situaciones de homicidios, extorsiones o amenazas ligadas al crimen organizado, además de casos de secuestro de armas en la vía pública.
La detención del gatillero
El último fin de semana había sido noticia la detención de Darian G. un adolescente de 17 años, junto a otro menor de edad y un mayor que tenía un arma, durante un operativo en zona noroeste. Pocas horas después, al cruzar información policial, se supo que uno de esos demorados era quien había asesinado a tres trabajadores en Rosario en la dolorosa semana de marzo de 2024 que puso en vilo a todo el país: Darian había sido el gatillero que terminaría con la vidad del playero Bruno Bussanich y los dos taxistas, Hector Figueroa y Diego Celentano.Además, se supo que en noviembre del año pasado y todavía siendo menor de edad, el mismo joven había caído preso con 16 bochas de cocaína pero había quedado nuevamente en libertad.
En este marco, el gobernador Pullaro reiteró la necesidad de endurecer las leyes en materia de seguridad y sostuvo que no se puede “ser blando con quienes nos matan”.
Más poder a la policía
Otro eje fuerte es la creación de “zonas de intervención policial especial”. En esos sectores, definidos por altos índices de violencia o criminalidad, la policía podrá montar controles de acceso, restringir circulación de personas y vehículos, requisar autos y demorar personas hasta por 48 horas para verificar identidad y antecedentes.
En paralelo, la reforma endurece el régimen para presos acusados de ordenar delitos desde la cárcel. Se contemplan aislamientos extremos, suspensión total de visitas físicas y limitaciones severas en las comunicaciones.
El Ejecutivo provincial justificó la iniciativa señalando que “los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales” frente a fenómenos de criminalidad compleja y violencia organizada.
El proyecto ya genera debate en ámbitos judiciales y políticos. Mientras el oficialismo sostiene que busca dotar al Estado de mayores herramientas para combatir el delito, sectores garantistas advierten sobre posibles afectaciones a derechos constitucionales y anticipan futuras discusiones judiciales sobre varios artículos de la reforma.
Comentarios