El Senado debatirá este jueves desde las 14 la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa propone modificar los criterios para disponer internaciones involuntarias, ampliar el tratamiento de las adicciones —incluida la ludopatía— y establecer nuevos mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias.
El proyecto recibió modificaciones durante su tratamiento parlamentario para reunir apoyos de bloques aliados de La Libertad Avanza y de representantes de los gobiernos provinciales. Sin embargo, no logró un acuerdo con Convicción Federal, cuya presidenta, la senadora Carolina Moisés, presentó un dictamen de minoría.
Qué cambia con la reforma
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de disponer una internación involuntaria ante un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. En situaciones de emergencia, la decisión podrá ser tomada por un solo médico, sin que sea obligatorio que se trate de un especialista en psiquiatría.
La medida deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Además, se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra y se establece la obligación de comunicar la internación a la Justicia.
Otro de los cambios apunta a la planificación del egreso desde el momento del diagnóstico. El proyecto establece que deberá existir un plan de salida y que se notificará con anticipación a familiares o representantes legales para coordinar las condiciones necesarias.
Adicciones y atención de menores
La reforma también amplía el alcance de las adicciones que pueden recibir tratamiento dentro del sistema de salud mental. Entre ellas se incluye la ludopatía, una problemática que afecta a adolescentes y jóvenes y que adquirió mayor visibilidad por el crecimiento de las apuestas online.
En el caso de niños y adolescentes, el proyecto dispone que la atención esté a cargo de equipos con formación específica en salud mental infantojuvenil. También establece que los menores deberán permanecer internados en espacios separados de los adultos.
Pese a las modificaciones propuestas, la iniciativa mantiene la prohibición de crear manicomios.
Financiamiento y diferencias políticas
El texto incorpora un mecanismo de cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias para sostener la implementación de las políticas de salud mental.
Los cambios buscan destrabar el tratamiento legislativo de una reforma que había generado objeciones entre sectores aliados del oficialismo y representantes provinciales. De todos modos, la falta de consenso con Convicción Federal anticipa diferencias durante el debate.
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