La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ley de prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género, impulsado por el gobierno provincial. La iniciativa busca agilizar las respuestas judiciales, fortalecer los mecanismos de asistencia a las víctimas y establecer nuevas herramientas de prevención. Ahora deberá ser tratada por Diputados.
El proyecto obtuvo el respaldo de todos los senadores presentes en el recinto, incluidos los peronistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, quienes acompañaron la propuesta e hicieron aportes durante su discusión legislativa.
El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó la búsqueda de consensos entre los distintos bloques para avanzar con la iniciativa. “Sentíamos la necesidad de abrir el diálogo para que todos los bloques puedan hacer su aporte y que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a pesar de que haya miradas distintas”, afirmó.
Según explicó, la propuesta fue analizada en una reunión de trabajo con ministros, senadores y diputados, además de incluir intercambios con representantes del bloque del Partido Justicialista.
Qué propone la nueva ley contra la violencia de género
La iniciativa había sido presentada en septiembre por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini.
Uno de sus principales objetivos es establecer un marco regulatorio para el uso de dispositivos de monitoreo, como las tobilleras duales, que permiten reforzar las medidas de protección en situaciones de violencia de género.
Además, el proyecto busca dejar explícita la obligación de las autoridades judiciales de todos los fueros de actuar de manera ágil y efectiva ante estos casos, con prioridad en la protección de las víctimas.
La propuesta también contempla nuevos mecanismos de prevención, asistencia y seguimiento, con medidas diferenciadas según las características y la gravedad de cada situación.
Cuatro niveles de riesgo y actuación inmediata
Uno de los puntos centrales del proyecto es la clasificación de las situaciones de violencia de género en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico. Esta categorización apunta a adecuar las intervenciones y las medidas de protección a las circunstancias de cada caso.
A su vez, la iniciativa establece la obligatoriedad de los agentes estatales de actuar de manera inmediata y priorizar el resguardo de las víctimas.
El texto también hace hincapié en las responsabilidades y competencias de los jueces, en un contexto de preocupación por el aumento de los femicidios en la provincia.
Con la media sanción del Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido
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