Referentes del sector se concentran este mediodía frente al Palacio Vasallo mientras las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos debaten el proyecto del Ejecutivo para habilitar las aplicaciones de transporte. Desde las entidades advirtieron por la desregulación del sistema, la falta de controles reales y la precarización laboral.
Taxistas, remiseros y cadetes llevan adelante este jueves al mediodía una movilización frente al Concejo Municipal de Rosario en rechazo al avance del proyecto que busca habilitar el funcionamiento de plataformas electrónicas de transporte como Uber y DiDi. La protesta coincide con la reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos, donde el oficialismo intenta reunir los acuerdos necesarios para votar hoy mismo la modificación de la ordenanza Nº 10.544 aprobada en 2023.
Desde la concentración, José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (CATILTAR), indicó que el sector se encuentra en “estado de alerta y movilización” y exigió que las empresas involucradas den el primer paso formal antes de avanzar con cualquier normativa. “Intentamos que ambas empresas que están discutiendo para que se legalicen, se presenten. Primero que muestren el número de CUIT, ver cuál es la facturación que tienen dentro de la Argentina y que digan cómo le van a pasar la plataforma de los autos que tienen a la Municipalidad de Rosario. Queremos ver todo eso para después sentarnos a discutir punto por punto”, señaló.
Consultado sobre qué cambiaría si el Concejo aprueba el mensaje del Ejecutivo tal como está redactado, Iantosca calificó la iniciativa como una “fantasía” y advirtió sobre la falta de fiscalización real: “Lo que cambia es que va a haber más cantidad de ofertas y todo el mundo se va a creer que están legalizados, cuando las empresas después no se legalizan como pasó en todas partes del país: no se legalizaron en Córdoba, en Capital, en Santa Fe, en Formosa, en ningún lado. Y los autos tampoco se legalizan”.
“¿Quién va a controlar esos autos? ¿Cómo los van a legalizar? Es una fantasía que le ponen a la sociedad para decir ‘legalizamos Uber, en Rosario ya está legalizado’, para después no controlar, no hacer multas y que siga todo en negro”, agregó el dirigente de CATILTAR, quien además analizó el impacto económico para quienes buscan en las aplicaciones una salida laboral: “Nosotros no somos una bolsa de trabajo. Si todos quieren venir a trabajar de lo que trabajamos nosotros, después lo que distribuimos entre todos es pobreza. Hay que ver qué cantidad de viajes hay en Rosario y cuántos autos puede haber haciendo este servicio para tener rentabilidad. Si no, es pan para hoy y hambre para mañana: cada uno que mete un auto en estas aplicaciones después termina en una moto y después en una bicicleta, porque van perdiendo el propio capital”.
Por último, Iantosca se refirió al artículo del proyecto que planteaba la posibilidad de que los taxis realizaran tareas de cadetería y delivery, un punto que generó el reclamo de los repartidores presentes en la marcha: “Eso creo que hoy ya se sacó, por lo menos les prometieron a los cadetes que esos puntos no iban a estar y nosotros no estábamos de acuerdo tampoco. Nosotros trasladamos personas, somos transporte público de pasajeros, por lo tanto no nos interesa pelearnos con el resto”.
“Lo que quieren matar es al taxi”
Durante la manifestación, Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares Independientes de Taxi (ATIT), también cuestionó con dureza la iniciativa oficial y el trato hacia quienes cumplen con las normativas vigentes. “Históricamente teníamos uno o dos muertos por año en la bala de los delincuentes. Y ahora que más o menos se ha normalizado esa situación, lo que quieren matar es al taxi. Realmente es una vergüenza que la preocupación esté puesta por los ilegales y a nosotros, que toda la vida hemos estado a disposición de las ordenanzas que se les ha dado la gana de sacar, ahora no nos tienen ni en cuenta”, expresó.
Para el referente de ATIT, el avance del expediente implica una desregulación total del servicio en la ciudad. “Si cualquier persona puede con un auto llevar pasajeros, acá está desregulado el sistema de transporte de pasajeros, pero no del taxi, del colectivo y de todo. Quédense tranquilos que se van a quedar sin nada”, alertó.
Además, Cesca dejó una advertencia para los usuarios que optan por las plataformas por una cuestión de precios: “El día que se queden las aplicaciones y tengan el mercado, va a ser tan caro eso que no lo van a poder consumir. Este aviso es para aquellos que se creen que ahora están haciendo un pingo de negocio viajando en este tipo de aplicaciones. Una vez que consoliden el mercado se terminó el transporte barato, van a tener que pagar mucho más caro y no va a haber ni colectivo ni taxi, porque estamos muertos nosotros”.
Reclamo sindical por igualdad de condiciones
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, confirmó la adhesión del gremio a la medida de fuerza frente al recinto legislativo. “Estamos presentes aquí porque todo este aquelarre de transporte ilegal que estamos viviendo los rosarinos y el país entero perjudica mucho a la actividad del propio taxista, que es el transporte público de pasajeros”, sostuvo.
Respecto a la discusión parlamentaria, el dirigente gremial reclamó reglas equitativas y pidió precisiones sobre el texto que analizan los concejales: “Nosotros consideramos que si realmente existe la voluntad de parte del Ejecutivo de legalizar esto, que lo haga en las mismas condiciones que está haciendo el transporte público. Venimos con esa expectativa, siempre la esperanza está, pero queremos conocer realmente cuál es la letra chica”.
En la previa de la protesta —que también suma el reclamo de los cadetes por la actividad de Uber Moto—, Yanotti había pedido terminar con el “limbo legal” y alertó que el sector ya perdió numerosos puestos de trabajo ante el avance de las empresas extranjeras, a las que acusó de fomentar la precarización laboral, la falta de obra social y la ausencia de aportes jubilatorios. A su vez, desde la ONG Paradas Libres, Ricardo Aricó había advertido este miércoles en comisión sobre la asimetría en los costos y requisitos operativos al señalar que no existe competencia leal si se permite que un vehículo de aplicación realice viajes por 2 mil pesos con menores exigencias vehiculares mientras el taxi cobra 5 mil.
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