El año 2025 marcó un período especialmente activo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que culminó con cifras récord de actividad, fallos resonantes y decisiones que reavivaron el debate público sobre el rol del Poder Judicial en la Argentina.
Según datos oficiales, el máximo tribunal dictó cerca de 15.700 sentencias y resolvió alrededor de 28.900 causas durante 2025, superando marcas históricas de años anteriores y consolidando una tendencia al alza en su producción jurisdiccional.
Fallos de alto impacto
Entre las decisiones más relevantes del año se encuentran resoluciones en causas que generaron amplio debate público y político:
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La Corte dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”, ratificando seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque confirmando su absolución por asociación ilícita.
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En el ámbito penal y económico, se consolido la condena a Lázaro Báez y allegados a diez años de prisión por lavado de activos en la conocida causa del “Casino Flotante”.
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La Corte también avaló decisiones vinculadas a la regulación de impuestos internos relacionados con el llamado “Señor del Tabaco”.
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En materia internacional y de seguridad, habilitó la posible extradición de un empresario acusado de narcotráfico a los Estados Unidos, tras rechazar planteos de la defensa, dejando la decisión final en manos del Poder Ejecutivo.
Además, se resolvieron causas laborales y de tutela sindical que marcaron criterios sobre el alcance de derechos de trabajadores y empleadores.
Modernización, transparencia y acceso a la justicia
Más allá de los fallos, la Corte avanzó en medidas orientadas a modernizar el Poder Judicial y ampliar el acceso ciudadano:
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Se implementó un sistema de subastas judiciales electrónicas, con el objetivo de agilizar y transparentar la venta de bienes en litigios.
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La Corte también adoptó iniciativas para facilitar el acceso a sus decisiones, incorporando fallos de primera instancia en un buscador público y utilizando herramientas de inteligencia artificial para generar resúmenes en lenguaje claro de las sentencias.
Controversias institucionales y debates sobre la Corte
El 2025 no estuvo exento de tensiones respecto al funcionamiento del máximo tribunal. Entre los temas que marcaron el debate público y político se destacan:
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La designación por decreto de dos jueces en comisión, sin acuerdo del Senado, lo que reavivó controversias sobre la independencia judicial y la legitimidad de los nombramientos. Este conflicto impactó en la normalización del funcionamiento del tribunal y fue objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos.
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Ligado a esto, uno de los nombrados, Manuel García-Mansilla, renunció tras apenas unas semanas en el cargo en medio de cuestionamientos sobre su incorporación.
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El debate sobre la estructura de la Corte también cobró lugar en la agenda legislativa, con propuestas para ampliar su cantidad de miembros y reformar su organización para hacerla más eficiente y plural, un tema que seguirá en discusión en 2026.
Reclamos provinciales, reformas nacionales y un 2026 con alta conflictividad judicial
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó durante 2025 acogiendo y acumulando una serie de reclamos presentados por distintas provincias contra el Estado nacional, principalmente vinculados a cuestiones previsionales, distribución de recursos y recortes de fondos.
Entre esos planteos se destaca el que sostiene la provincia de Santa Fe, que reclama el pago de la deuda previsional acumulada y la remisión periódica de fondos correspondientes al sistema jubilatorio provincial. Este tipo de litigios volvió a posicionar al máximo tribunal como árbitro central en los conflictos fiscales entre Nación y provincias.
Pero además, tarde o temprano, el Alto Tribunal deberá sentar un criterio definitivo sobre las reformas impulsadas por el gobierno nacional, tanto las ya implementadas como aquellas que se encuentran en proceso. Varias de estas medidas han sido objetadas y, en algunos casos, ya cuentan con pronunciamientos adversos en instancias judiciales inferiores.
Este escenario alcanza incluso al DNU 70/2023. Según confirmó recientemente el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el tribunal se encuentra a la espera de que se complete el trámite constitucional de esa norma en el Congreso, antes de avanzar con un pronunciamiento de fondo. Una situación similar se presenta con la Ley Bases y sus derivaciones, que también podrían terminar bajo revisión del máximo órgano judicial.
En paralelo, Rosatti reiteró durante el año la necesidad de cubrir las vacantes existentes en el fuero federal y volvió a enfatizar la independencia del Poder Judicial. “Yo sólo miro la ley y la Constitución”, sostuvo en declaraciones públicas, en un contexto de tensiones con el Poder Ejecutivo.
El titular de la Corte también formuló advertencias sobre una eventual dolarización de la economía y recordó el carácter “difuso” del control de constitucionalidad en el sistema argentino. Esto implica que cualquier magistrado está facultado para expedirse sobre la validez constitucional de normas como una eventual reforma laboral, más allá de que luego esas decisiones sean revisadas por tribunales superiores.
Ese entramado de causas, criterios dispares y reformas estructurales en discusión anticipa un 2026 cargado de expedientes sensibles y con un rol protagónico del Poder Judicial, particularmente de la Corte Suprema, en la definición del rumbo institucional del país.
Balance: producción récord, fallos relevantes y desafíos hacia 2026
En términos cuantitativos y cualitativos, 2025 fue un año de alta productividad para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La combinación de un volumen sin precedentes de causas resueltas, decisiones de gran repercusión política y avances en materia de transparencia refleja el rol central del tribunal en el sistema judicial argentino.
Al mismo tiempo, las controversias vinculadas a su composición y a la forma en que se integran sus miembros ponen de relieve tensiones estructurales que seguirán marcando el debate público y jurídico en 2026, junto con la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial.
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