La Justicia federal formalizó una investigación por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro personas y una sociedad comercial, en una causa que comenzó tras un operativo de Gendarmería Nacional Argentina en el norte de Santa Fe, donde se descubrieron 357 millones de pesos ocultos dentro de un vehículo.
El procedimiento se realizó el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en la zona rural de Avellaneda. Allí, efectivos detuvieron un Toyota Corolla Cross que se dirigía desde Resistencia hacia Buenos Aires y detectaron irregularidades en el interior del vehículo.
Los gendarmes advirtieron que los plásticos cercanos a la palanca de cambios presentaban señales de manipulación, por lo que informaron a la fiscalía y solicitaron autorización judicial para realizar la requisa.
En ese momento, el conductor identificado como F.E.V. se dirigió a los agentes y manifestó: “Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”.
Al retirar partes del tablero, los efectivos descubrieron compartimientos ocultos con fajos de dinero distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante, la guantera y el sector de la palanca de cambios. En total, se secuestraron $357.210.000.
La causa es llevada adelante por la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, a cargo del fiscal Roberto Salum, junto al auxiliar fiscal Bruno Ojeda. Durante la audiencia de formalización realizada el 27 de febrero, el Ministerio Público Fiscal explicó que el caso requirió medidas probatorias y allanamientos que derivaron en la imputación de cuatro hombres y una empresa.
El juez de Garantías Aldo Mario Alurralde aceptó el planteo de la fiscalía y dispuso un embargo cautelar de $2.000 millones para los implicados.
Según la investigación, el traslado del dinero no fue un hecho aislado, sino parte de un circuito organizado y reiterado que involucraba al conductor del vehículo, a dos socios de una empresa dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia, y a una cuarta persona identificada como C.E.F.
El fiscal Salum explicó que el vehículo utilizado pertenecía a uno de los socios de la firma, identificado como P.M.T., y que había sido adaptado especialmente para ocultar el dinero y evitar controles de seguridad.
La fiscalía también descubrió que los involucrados habían preparado un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, que fue hallado en poder del conductor durante el procedimiento.
El documento, con certificación notarial fechada el 20 de marzo de 2025, habilitaba el traslado de hasta $800 millones. Para los investigadores, el objetivo era justificar el dinero si era descubierto durante un control.
El fiscal sostuvo que la maniobra revelaba una planificación previa para evadir controles. “El objeto de esa autorización era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto en algún control”, explicó.
Además, la investigación detectó movimientos frecuentes del vehículo en distintas provincias del país. Informes de tránsito revelaron viajes cada dos días hacia Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no coincidía con las actividades comerciales declaradas por la empresa.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, las pruebas reunidas indican que la firma habría desarrollado una actividad habitual de intermediación financiera no autorizada, dedicada a la compra y venta de dólares y euros sin autorización del Banco Central de la República Argentina.
Esa operatoria habría sido realizada entre 2024 y 2025, utilizando la empresa como fachada para insertar el dinero en el circuito legal.
El fiscal señaló que la investigación permitió detectar “una actividad habitual de la sociedad, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad”.
Durante un allanamiento realizado el 18 de febrero en la sede de la empresa en Resistencia, los investigadores secuestraron $8 millones, dos máquinas contadoras de billetes con detector, seis llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares, elementos que reforzaron la hipótesis de una operatoria financiera clandestina.
Para la fiscalía, la maniobra investigada se ejecutó mediante una estructura organizada para transportar, ocultar y posteriormente blanquear dinero de origen ilícito, configurando así un posible caso de lavado de activos.
El conductor del vehículo y los dos socios de la empresa fueron imputados como coautores de los delitos de lavado de activos por receptación e intermediación financiera no autorizada, mientras que C.E.F. fue acusado como coautor del lavado de activos.
La fiscalía también avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa, en base a los artículos 303 y 313 del Código Penal.
Además, se dispusieron medidas restrictivas para los cuatro imputados, entre ellas:
- Prohibición de salida del país sin autorización judicial
- Presentación mensual ante Gendarmería según su domicilio
En el plano patrimonial, el juez ordenó la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias y subcuentas comitentes por 180 días, así como el bloqueo de cajas de seguridad por 90 días, con notificación al Banco Central.
Debido a la complejidad del caso y la multiplicidad de jurisdicciones involucradas, el juez Alurralde otorgó un plazo de un año para el desarrollo de la investigación, además de autorizar todas las medidas probatorias solicitadas por la fiscalía.
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