En la Casa Rosada avanzan por estas horas con el análisis político y legal para que el presidente firme el indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la fecha en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.
La decisión aún no está tomada, pero —según trascendió en ámbitos oficiales— se ordenó estudiar en detalle el impacto jurídico, comunicacional y electoral de una medida que, de concretarse, provocaría un fuerte cimbronazo político y social.
No se trata de una idea nueva dentro del oficialismo: la posibilidad de avanzar con el perdón presidencial ya había sido deslizada durante la campaña y ahora vuelve a escena en un contexto de crisis económica y alta tensión social, lo que abre especulaciones sobre un eventual intento de modificar el eje de la agenda pública.
El movimiento también deja al descubierto la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel, históricamente cercana a sectores que promueven la liberación de militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura. Las diferencias sobre cómo y cuándo avanzar con una eventual medida de este tipo vuelven a tensar el vínculo en la cúpula del poder.
La eventual decisión impactaría directamente sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se consolidaron en las últimas décadas en la Argentina. Organismos de derechos humanos, dirigentes opositores y amplios sectores sociales ya anticipan un rechazo contundente ante una iniciativa que consideran un retroceso institucional de gravedad.
De concretarse, el anuncio en una fecha simbólica como el 24 de marzo —Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia— abriría un escenario de alta conflictividad política y social, con movilizaciones y pronunciamientos que podrían escalar rápidamente en todo el país.
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