El dolor y la bronca atraviesan a la familia de Guadalupe Pedraza, la joven de 25 años que murió junto a otra reclusa durante un incendio ocurrido en diciembre de 2025 en la cárcel de Bouwer. Su madre, Valeria Romero, denunció públicamente que el Estado “no la cuidó” y apuntó contra el Servicio Penitenciario de Córdoba por un presunto abandono.
Según relató la familia, horas antes del hecho Guadalupe había solicitado el traslado al penal de Bouwer para estar más cerca de sus seres queridos, sin imaginar que esa decisión terminaría siendo fatal. La joven, madre de una nena de cinco años, se encontraba alojada en una celda de aislamiento junto a otra interna cuando se desató el incendio. Ninguna de las dos logró sobrevivir.
El peritaje realizado por Bomberos determinó que el fuego se originó de manera intencional a partir de la quema de colchones, aunque aún no se estableció quién lo provocó. Para la familia, el foco está puesto en la respuesta del personal penitenciario.
“No es fácil, perder un hijo es lo peor que te puede pasar”, expresó Romero entre lágrimas. Y agregó: “Mi hija estaba pagando por un delito que había cometido y me la dieron sin vida. No me la cuidaron como la tenían que cuidar. Si hubieran querido, las hubieran salvado. Las dejaron morir. A mi hija me la mató el Estado”.
En el mismo incendio falleció María Ramallo, la otra mujer que compartía la celda con Guadalupe.
El abogado de la familia, Diego Casado, también apuntó contra las autoridades penitenciarias y denunció un presunto encubrimiento. “Quisieron tapar un accionar omisivo del personal. Se presionó a jefas de módulo para unificar versiones y quienes no accedieron sufrieron represalias”, sostuvo en declaraciones televisivas.
Además, adelantó que solicitarán que las declaraciones de las internas se tomen dentro del penal. “Queremos que las presas puedan hablar sin miedo. Por eso pediremos que las testimoniales se realicen en Bouwer, con resguardo”, explicó.
Desde el Ministerio de Justicia de Córdoba, que tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario, informaron que no realizarán declaraciones públicas debido a que la causa está en manos del Poder Judicial. No obstante, negaron las condiciones irregulares denunciadas por la querella.
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