El Gobierno nacional dio el paso final para desmantelar la estructura de asistencia heredada. A partir de abril, el programa Volver al Trabajo dejará de existir, eliminando la transferencia directa de $78.000 mensuales para un universo de 900.000 personas. En su lugar, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, implementará un esquema de vouchers de capacitación laboral condicionado a resultados.
Esta medida no es un movimiento aislado, sino el cierre de una hoja de ruta que los libertarios trazaron al asumir: terminar con la intermediación de los movimientos sociales y transformar el subsidio en una herramienta de formación profesional. Como definió la propia Pettovello: “No es ajuste, es eficiencia”.
El camino hacia este cierre comenzó en marzo de 2020 con el lanzamiento del Potenciar Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández. Aquel plan, que llegó a tener 1,3 millones de beneficiarios, fue mutando hasta que en 2024 la gestión actual lo reemplazó por “Volver al Trabajo”, buscando quitarle el control de los fondos a las organizaciones sociales.
Ahora, ese esquema transitorio llega a su fin. Los beneficiarios ya están recibiendo notificaciones a través de la app Mi Argentina y correos electrónicos. Quienes deseen seguir recibiendo apoyo estatal deberán inscribirse voluntariamente en el nuevo sistema de formación.
La reconversión segmenta el padrón actual de la siguiente manera:
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900.000 personas: Salen del esquema de pago mensual y pasan al sistema de vouchers de capacitación. En este grupo, la mayoría son mujeres.
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300.000 personas: Permanecen en una red de asistencia permanente por presentar mayores dificultades de inserción laboral.
La nueva lógica operativa:
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Inscripción obligatoria: El Estado ya no transfiere dinero de forma generalizada. El beneficiario debe manifestar su voluntad de participar.
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Elección de cursos: Se habilitará una red federal de centros donde el Estado pone la infraestructura y empresas privadas (como YPF, con quien ya se firmó un convenio) aportan los contenidos.
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Exigencia de presentismo: Quien abandone la capacitación perderá el beneficio sin posibilidad de reingreso.
La ministra reforzó esta semana su postura sobre la asistencia estatal, diferenciando la seguridad social (AUH, jubilaciones y pensiones, que son derechos por ley) de los programas sociales. Estos últimos son, para el oficialismo, herramientas con fecha de vencimiento. “Si no funcionan, se modifican o se cierran”, sentenció la funcionaria.
Bajo esta premisa, el Gobierno unificó 125 programas previos en solo 49, buscando trazabilidad absoluta. El objetivo final es que el vínculo sea directo entre el Estado y el ciudadano, eliminando a los “gestores” que articularon el acceso a los planes durante los últimos seis años.
Aunque el monto de los vouchers aún no fue definido, en la Casa Rosada admiten que no todos los actuales titulares se anotarán en el nuevo sistema. Muchos beneficiarios ya se desempeñan en la informalidad (dado que los $78.000 no cubren las necesidades básicas) y podrían optar por no cumplir con la carga horaria de capacitación.
Para el Gobierno, esta reforma no retira gente del mercado de trabajo, sino que sinceriza la intervención estatal. Mientras se fortalecen la AUH y la Tarjeta Alimentar para cubrir la canasta básica, el foco de Capital Humano se traslada ahora a la formación de oficios como único puente real hacia el empleo formal.
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