La situación judicial de Nicolás Maduro en Nueva York tomó un giro dramático este lunes 5 de enero. Según un reporte del New York Post, el ex mandatario de 63 años podría ser elegible para la pena de muerte si es declarado culpable de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una “empresa criminal continua”. Aunque las sentencias capitales por delitos de drogas no son habituales en el sistema federal, la gravedad de los cargos de narcoterrorismo y el uso de ametralladoras abren una puerta legal que la fiscalía podría intentar cruzar.
El traslado de Maduro desde el Centro de Detención de Brooklyn hasta la corte de Manhattan fue un espectáculo de poder militar: helicópteros y vehículos blindados escoltaron al detenido, quien cayó el pasado sábado en Caracas durante una operación comando que incluyó bombardeos y apoyo naval. Su esposa, Cilia Flores, también permanece bajo custodia y enfrenta cargos similares en este proceso histórico.
La furia de la justicia y los nuevos cargos
La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, fue contundente al prometer que la pareja enfrentará “toda la furia de la justicia estadounidense”. Si bien la funcionaria evitó precisar si pedirá la ejecución, el expediente se volvió mucho más pesado este año. Un gran jurado federal añadió cargos por conspiración para importar cocaína y posesión de armamento de guerra, sumando además a la lista de acusados a “Nicolasito” (el hijo de Maduro) y al influyente dirigente Diosdado Cabello.
El caso ya es comparado con la captura de Manuel Noriega en Panamá durante 1989, aunque en aquella oportunidad Washington optó por la cárcel y no por la pena máxima. La diferencia hoy radica en la figura de la “empresa criminal continua”, una herramienta legal diseñada para desmantelar estructuras de narcotráfico que operan con la logística de un Estado.
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