La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández atraviesa horas decisivas y podría quedar a un paso del juicio oral y público. Fabiola Yañez, quien lo denunció por golpes, amenazas y maltratos ocurridos antes y durante su estadía en la Quinta de Olivos, rechazó un planteo de la defensa que buscaba rehacer desde cero la investigación y pidió que no se dilate más el proceso judicial.
El planteo de la defensa de Fernández apunta a retrotraer la causa al inicio, argumentando que gran parte de la instrucción estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado del expediente por una supuesta enemistad con el exmandatario. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal aclaró que la recusación se dictó “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
En la misma línea que la querella, el fiscal federal Ramiro González ya se había pronunciado en contra del pedido de nulidad. En un dictamen contundente, sostuvo que Fernández intenta colocarse como víctima cuando, según la acusación, fue quien “atormentó, golpeó, lastimó y amenazó” a su entonces pareja.
La respuesta de Fabiola Yañez
En su presentación, la querella calificó el pedido del expresidente como “otro burdo intento de eludir la justicia” y advirtió que la causa tiene “altas chances de terminar en condena”. Además, sostuvo que retrotraer el proceso implicaría una revictimización, ya que el expediente fue revisado por distintos fiscales y tribunales, que confirmaron la legalidad de la investigación y la necesidad de avanzar.
El escrito también respondió a la hipótesis defensiva que sugiere una supuesta manipulación de la voluntad de Yañez al momento de denunciar. Para la querella, esa afirmación constituye un nuevo acto de violencia psicológica, al desestimar la capacidad de decisión de la denunciante.
Respecto a las críticas sobre el origen de las pruebas —en particular, los chats hallados en el teléfono de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández—, las abogadas señalaron que cualquier irregularidad debía haberse cuestionado en la causa Seguros, donde se realizó el peritaje, y no en este proceso.
Actualmente, Alberto Fernández está procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya solicitaron la elevación a juicio, una decisión que ahora quedó en manos del juez Rafecas.
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