La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional investigue las amenazas denunciadas por el periodista Rodolfo Barili, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en Instagram dirigidos tanto a él como a su esposa y su hijo.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional realice el sorteo del magistrado que quedará a cargo de continuar con la causa.
La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por Barili, conductor del noticiero Telefe Noticias, quien relató que comenzó a recibir mensajes amenazantes desde un usuario de Instagram que le exigía difundir determinada información sobre presuntos hechos delictivos.
Amenazas y advertencias contra su familia
Según el dictamen del Ministerio Público, las exigencias también alcanzaron a familiares del periodista y estuvieron acompañadas por advertencias de muerte, tortura y otras consecuencias, lo que generó un clima de temor e intimidación.
Las amenazas buscaban presionar al periodista para que publicara información específica, lo que llevó a que se iniciara una investigación judicial para determinar la responsabilidad detrás de los mensajes.
El conflicto judicial que llegó a la Corte
El caso generó un conflicto de competencia entre dos tribunales:
- El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
- El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.
En una primera instancia, el juzgado federal consideró que se trataba de “amenazas simples” con motivación particular, por lo que decidió declinar la competencia a favor de la justicia porteña.
Sin embargo, el magistrado de la Ciudad sostuvo que los hechos podían encuadrarse como amenazas coactivas, es decir, presiones destinadas a obligar al periodista a difundir cierta información.
El dictamen del procurador general
Ante la disputa entre tribunales, intervino el procurador general interino Eduardo Casal, quien evaluó la situación y concluyó que las amenazas tendrían una motivación particular. En su análisis también indicó que no surgía una afectación directa o indirecta a la seguridad del Estado nacional ni a sus instituciones, por lo que el caso debía continuar en la justicia ordinaria.
No obstante, el dictamen aclaró que todavía no podía descartarse la figura de amenazas coactivas, un delito que no fue transferido a la órbita judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Con ese criterio, la Corte Suprema respaldó el dictamen del procurador y dispuso que la causa continúe en el fuero nacional en lo criminal y correccional. De esta manera, el expediente será enviado a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, donde se realizará el sorteo del juez que quedará a cargo de profundizar la investigación sobre las amenazas contra Rodolfo Barili y su familia.
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