Un total de 179 personas fueron excarceladas en Venezuela en el marco de la nueva Ley de Amnistía aprobada por el oficialismo, según informó el diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria encargada de hacer seguimiento a la aplicación de la norma.
La ley, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos y fue promulgada el 19 de febrero.
Diferencias en las cifras
Sin embargo, los números difundidos por el chavismo difieren de los relevados por la ONG Foro Penal, que monitorea las liberaciones.El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, aseguró en la red social X que las liberaciones verificadas ascienden a 109 desde el 20 de febrero.
Por su parte, Arreaza afirmó en rueda de prensa: “Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación”. El Parlamento venezolano sostuvo además que, en total, más de 2.000 personas han sido amnistiadas, incluyendo 177 presos y 2.021 ciudadanos con medidas cautelares.
Más de 4.200 solicitudes procesadas
La amnistía no es automática. Quienes deseen acceder al beneficio deben acudir a los tribunales para solicitar la revisión individual de su caso y obtener el sobreseimiento o la anulación de la sentencia.
Arreaza indicó que el sistema judicial ya recibió 4.293 solicitudes de amnistía, y que la comisión que preside ha recibido “más de 3.000” peticiones, además de continuar recibiendo nuevas solicitudes en distintos tribunales del país.
Del total de casos revisados, unas 3.000 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, según detalló el diputado oficialista. En ese contexto, destacó la velocidad del proceso y sostuvo: “Es extraordinario el ritmo que se lleva”.
La comisión parlamentaria encabezada por Arreaza también tiene la tarea de revisar otros casos “no contemplados” en la norma. El legislador subrayó el objetivo político de la medida: “El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz”.
Además, recordó que desde diciembre se han producido más de 800 excarcelaciones, cifra que también es sostenida por el Gobierno encargado. En paralelo, se instaló en enero el Programa para la convivencia y la paz, impulsado por la mandataria, para acompañar el proceso de revisión de casos no incluidos en la ley.
Las advertencias de la oposición y las ONG
Desde Foro Penal se establecen diferencias entre liberaciones plenas y excarcelaciones. En estas últimas, los beneficiados salen de prisión pero permanecen bajo libertad condicional y medidas cautelares, como prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.
La organización había verificado 464 excarcelaciones entre el 8 de enero y el 22 de febrero, y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía.
Según sus registros, al menos 400 presos políticos podrían quedar excluidos de la nueva ley, mientras que la ONG contabiliza más de 600 detenidos por motivos políticos que siguen encarcelados.
El Gobierno, en cambio, niega la existencia de presos políticos y sostiene que las personas detenidas cometieron delitos comunes.
En este escenario de cifras cruzadas, el diputado opositor Antonio Ecarri, integrante también de la comisión parlamentaria, anunció que solicitará investigar a los jueces que retrasen la aplicación de la norma, luego de que agrupaciones gremiales denunciaran que tribunales con competencia en terrorismo se negaron a recibir solicitudes vinculadas a la amnistía.
La nueva ley, presentada por el oficialismo como un gesto hacia la “paz” y la “convivencia democrática”, se desarrolla así en medio de cuestionamientos, diferencias numéricas y denuncias sobre posibles exclusiones que mantienen abierto el debate político y jurídico en Venezuela.
Comentarios