Una estafa millonaria con ribetes tan perversos como sofisticados sacude a Rosario: dos hombres detenidos en una cárcel bonaerense fueron imputados por haber montado un engaño a través de mensajería instantánea, mediante el cual lograron que una joven con retraso madurativo transfiriera más de 31 millones de pesos pertenecientes a su madre.
La maniobra, según la investigación, se extendió entre 2023 y noviembre de 2025 y fue ejecutada desde la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero, donde los acusados cumplían condenas previas. A pesar de estar detenidos, utilizaban teléfonos celulares para contactar a la víctima y sostener el engaño.
La audiencia imputativa, realizada el 18 de marzo en el Centro de Justicia Penal de Rosario, estuvo a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia, quien acusó a Alber Martínez (31), domiciliado en Escobar, y a Martín Patane (37), de Marcos Paz, por el delito de estafa en calidad de coautores.
El juez Alejandro Negroni formalizó la imputación y dictó la prisión preventiva efectiva: en el caso de Martínez por el plazo de ley y para Patane por 90 días, aunque otras versiones indican plazos mayores según el avance de la causa.
El eje del engaño fue tan simple como cruel: los acusados simularon una relación sentimental a distancia con la joven, a través de WhatsApp, generando un vínculo afectivo que luego utilizaron para manipularla.
Con distintas excusas —desde supuestos problemas económicos hasta la promesa de un viaje a Rosario que nunca pensaban concretar— lograron que la víctima comenzara a enviar dinero de manera sistemática.
En ese contexto, uno de los imputados, Patane, incluso realizaba videollamadas para guiarla: le indicaba cómo contar el dinero en efectivo y luego le pasaba los datos de las cuentas donde debía depositarlo. Tras cada transferencia, le exigían pruebas: fotos de los comprobantes para confirmar la acreditación.
Más de 12 cuentas y un circuito de dinero
La investigación determinó que el dinero fue distribuido a más de doce destinatarios distintos, lo que complejiza la trazabilidad de los fondos. Uno de los principales beneficiarios fue Martínez, quien recibió $12.809.000 entre junio y noviembre de 2025.
El total del perjuicio económico asciende a $31.485.500, una cifra que la familia detectó cuando la madre de la joven advirtió faltantes en sus ahorros, lo que dio origen a la denuncia y a la posterior investigación judicial.
Desde la Fiscalía remarcaron que los acusados se aprovecharon deliberadamente de la situación de vulnerabilidad de la joven, construyendo un vínculo emocional falso para sostener el engaño durante casi dos años.
El caso expone no solo una estafa de gran escala, sino también el uso de herramientas digitales desde contextos de encierro, lo que vuelve a poner en debate los controles dentro del sistema penitenciario. Con ambos imputados en prisión preventiva, la causa avanza mientras la Justicia busca determinar el alcance total de la maniobra y la posible participación de otros involucrados en esta compleja red de fraude.
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