La justicia federal de Tucumán dio un paso clave en la causa que investiga a la influencer y cantante Valentina Olguín, acusada de montar un sofisticado esquema de contrabando. Tras una primera etapa centrada en el uso de la clave fiscal del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, el Juzgado Federal N° 2 resolvió ampliar el procesamiento de la joven al comprobarse que también utilizó ilegalmente los datos de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para ingresar mercadería del exterior.
El juez Guillermo Díaz Martínez ratificó la medida bajo la figura de contrabando por simulación, una maniobra que habría alcanzado al menos 15 hechos documentados. Según la resolución, Olguín operaba eludiendo los controles del régimen de “Courier” (envíos postales internacionales), utilizando las identidades y los números de CUIT de los gobernadores para recibir paquetes de indumentaria de marcas exclusivas estadounidenses directamente en su domicilio particular.
La acusación, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, sostiene que la imputada consignó información falsa de manera deliberada ante el organismo recaudador (ARCA) para obtener un beneficio económico indebido. El objetivo de esta triangulación de identidades era evitar el uso de su propio cupo aduanero anual y las restricciones impositivas vigentes, simulando que los destinatarios de la ropa de lujo eran, curiosamente, los titulares de los ejecutivos provinciales.
Como parte de la resolución, la justicia dispuso un embargo sobre los bienes de la influencer por la suma de $15 millones. Cabe destacar que el delito de contrabando por simulación es una figura grave dentro de la normativa penal aduanera, con una escala de penas que oscila entre los 2 y los 8 años de prisión. A pesar de la contundencia de las pruebas, el procesamiento se dictó sin prisión preventiva, aunque la situación procesal de la joven se complicó notablemente con la suma de nuevos damnificados de alto perfil.
La investigación se nutrió de pruebas tecnológicas irrefutables: el Ministerio Público Fiscal analizó dispositivos electrónicos y el impacto de antenas de telefonía celular que ubicaron a Olguín en su casa del barrio porteño de Núñez en el momento exacto en que la empresa FedEx entregaba los paquetes. Estos peritajes técnicos desmoronaron la estrategia de la defensa, que intentó argumentar que el uso de los CUITs de los gobernadores había sido producto de una “búsqueda al azar” en internet sin conocimiento de su ilicitud.
El caso salió a la luz el 28 de octubre de 2024, cuando el propio Osvaldo Jaldo denunció que su clave fiscal había sido vulnerada para realizar compras en el extranjero. Lo que comenzó como una denuncia local terminó revelando una metodología sistemática que afectó a mandatarios de distintos signos políticos, dejando a la influencer a las puertas de un juicio oral por utilizar al Estado como pantalla para su guardarropas de lujo.
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