En una decisión sin precedentes en Argentina y en la región, el Gobierno nacional resolvió el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida fue dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF) y confirmada a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente.
Según se informó, la resolución se adoptó “a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior” y se enmarca en los objetivos estratégicos impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Desde ese organismo destacaron que muy pocas jurisdicciones a nivel mundial avanzaron con medidas de congelamiento de este tipo.
En ese sentido, el comunicado oficial remarcó que la decisión “representa un precedente de relevancia internacional” y se convierte en la primera acción de estas características aplicada en Latinoamérica, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y dentro de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa responde a una política clara de Estado orientada a “concentrar todos los recursos en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional”, con el objetivo de proteger la integridad del sistema económico y financiero argentino.
Asimismo, se subrayó que el presidente Javier Milei reafirma con esta decisión su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional y evitando que el sistema financiero sea utilizado para el desarrollo o consolidación de estructuras criminales.
En términos prácticos, la resolución 3/2026 establece que deberán cumplir con la normativa las entidades financieras, casas y agencias de cambio, remesadoras de fondos, empresas de transporte de caudales, emisores y proveedores de servicios de cobros y pagos, así como proveedores no financieros de crédito. La medida contempla la inmediata inmovilización y la prohibición total de disposición, transferencia o manejo de los activos, ya sean tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, físicos o digitales.
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