El Gobierno nacional promulgó este jueves el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de su aprobación en el Senado, y publicó el texto en el Boletín Oficial. Con esta decisión, Argentina se convirtió en el primer país de la región en proclamar la ley y dar un paso clave hacia su aplicación.
La confirmación llegó a través del canciller Pablo Quirno, quien explicó que la promulgación habilita a la Comisión Europea a avanzar en la aplicación provisoria del acuerdo. “La Argentina será próspera”, expresó el ministro, al destacar que el objetivo del Ejecutivo es acelerar la puesta en marcha de las condiciones comerciales entre ambos bloques.
Desde la Casa Rosada celebraron la sanción legislativa y remarcaron que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y para consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”. En ese sentido, la Oficina del Presidente destacó el impacto positivo que el acuerdo tendría sobre la competitividad y el acceso a nuevos mercados.
El tratado se inscribe en el paquete de reformas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei, y apunta a reducir aranceles, bajar costos de importación y facilitar el ingreso de productos argentinos a un mercado de más de 450 millones de habitantes. Según el Gobierno, también permitirá atraer inversiones, fortalecer exportaciones y dar previsibilidad a largo plazo.
Ganadores y sectores bajo presión
Desde el oficialismo aseguran que los principales beneficiados serán la agroindustria exportadora, el sector vitivinícola y los alimentos premium, así como las actividades que dependen de insumos y maquinaria importada, como energía, minería y agroindustria. También se destaca el potencial impacto positivo en los servicios basados en el conocimiento, como software e ingeniería.
En contrapartida, el acuerdo genera preocupación en sectores de la industria manufacturera orientada al mercado interno, especialmente pymes industriales, metalmecánica liviana, textiles y algunos rubros protegidos históricamente, que podrían enfrentar mayor competencia europea. El empleo industrial urbano aparece como uno de los focos de tensión en el mediano plazo.
Para el Gobierno, sin embargo, el acuerdo representa un “salto estratégico” en la inserción internacional del país y una señal política de alineamiento con las economías occidentales, en un intento por destrabar una relación comercial largamente postergada y avanzar hacia una zona de libre comercio entre ambos bloques.
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