El Senado de la provincia de Santa Fe dio un paso decisivo este jueves al otorgar media sanción al proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches en todo el territorio santafesino. La iniciativa, que ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados para convertirse en ley, busca erradicar la reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública sin autorización oficial, incluyendo también el lavado de vehículos bajo la modalidad conocida como “trapito”.
En diálogo con el móvil de Radio Boing 97.3, el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó la importancia de este avance: “Es una herramienta que no teníamos. Que el trabajo irregular de cuidacoches se considere una contravención es importante; no llega a ser un delito, pero no es algo que esté permitido”. El legislador subrayó que el texto final otorgó un “papel protagónico” a los municipios para impulsar acciones y recoger las primeras pruebas en las investigaciones contravencionales.
El proyecto fue presentado por el propio Seisas y cuenta con el respaldo político del gobernador Maximiliano Pullaro como parte de su agenda de ordenamiento del espacio público. La normativa no solo establece la prohibición de estas conductas, sino que introduce modificaciones profundas en el Código de Faltas provincial para dotar a la justicia y a la policía de herramientas de sanción efectivas frente a la informalidad y la extorsión en las calles.
“Más que sujetos, acá estamos hablando de organizaciones y de un formato que fue cambiando con el tiempo”, explicó Seisas a Radio Boing. El senador advirtió que muchas personas bien intencionadas que buscan un sustento terminan “desplazadas por la violencia y por un control territorial irregular”. Según su visión, la ley apunta precisamente a identificar “quién es quién en la calle” para evitar que la situación escale hacia el amedrentamiento, donde los ciudadanos terminan pagando cifras exorbitantes en recitales o canchas de fútbol bajo coerción.
En cuanto al régimen de penalidades, el texto aprobado propone un esquema escalonado que comienza con la asignación de trabajo comunitario de dos a diez días para quienes incurran en una primera infracción. En caso de detectarse una segunda falta, la justicia podrá aplicar la prohibición de concurrir al lugar específico donde se cometió la contravención, buscando desplazar la actividad de las zonas de mayor conflicto o afluencia vehicular.
Consultado sobre el impacto social en un contexto económico difícil, Seisas reconoció la complejidad pero marcó una postura clara: “Ya vamos por la tercera generación de personas en la misma situación; si la política no toma el tema, nunca va a tener resolución. Queremos que la gente entienda que hay cuestiones que no son un trabajo y que hay alternativas a través de programas de capacitación para que sean dueños de su propio destino”. Para el senador, es fundamental recuperar la sensación de que no hay un “desorden planificado” en la vía pública.
Para los casos de reincidencia o cuando se demuestre la existencia de organizaciones coordinadas que exploten el estacionamiento medido ilegal, las sanciones se endurecen notablemente. El proyecto contempla arrestos de cinco a quince días en situaciones generales de reincidencia, aunque ese plazo puede extenderse de diez a veinte días según la gravedad del contexto y la persistencia del infractor en la actividad prohibida.
Asimismo, la normativa establece sanciones económicas que van desde las 10 hasta las 50 unidades fijas, lo que representa un castigo monetario directo para quienes persistan en el cobro por el uso del espacio público. Con esta estructura de multas y penas privativas de la libertad, el oficialismo pretende desalentar definitivamente una práctica que genera constantes roces entre ciudadanos y denuncias por pedidos de dinero bajo coacción.
El debate legislativo ahora se traslada a la Cámara Baja, donde se espera que los diputados analicen la viabilidad de la implementación y el alcance de las facultades policiales. De obtener sanción definitiva, Santa Fe se convertirá en una de las primeras provincias en contar con un marco legal robusto para prohibir a los cuidacoches, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen de oficio o ante el requerimiento de los municipios locales.
Finalmente, Seisas destacó que existe un consenso entre diversos ministerios para que la ley avance, entendiendo que es una “demanda social” que la política debe resolver sin generar falsas expectativas de inmediatez. Esta media sanción se suma a otros avances legislativos recientes en materia de seguridad, como la adhesión a la Ley Nacional Antimafias, consolidando un paquete de reformas que el Ejecutivo provincial considera fundamentales para recuperar el control de las calles.
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