La subasta de bienes incautados al delito en la provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo de tensión judicial: la defensa del agente de bolsa Daniel Casanova y los acreedores de su empresa solicitaron frenar el remate de una avioneta previsto para el 16 de abril, al considerar que ese activo debería destinarse a saldar deudas y no a engrosar las arcas provinciales.
El pedido fue presentado ante el Centro de Justicia Penal, donde este miércoles se llevará a cabo una audiencia clave ante el juez Alejandro Negroni, quien deberá definir si la aeronave será incluida o no en la subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
La controversia gira en torno a una Cessna 402 A, vinculada a la firma Cereales del Sur, empresa de Casanova que actualmente se encuentra en concurso preventivo. Mientras la provincia la considera parte de los bienes incautados al financista —detenido con prisión preventiva por estafas financieras—, los acreedores sostienen que pertenece a la empresa y debe utilizarse para cubrir sus obligaciones.
El conflicto surge en el marco del proceso concursal de Cereales del Sur, cuyos acreedores habían alcanzado un principio de acuerdo de pago con la firma. Sin embargo, ese esquema se vio interrumpido cuando la Fiscalía impidió el uso de los activos corrientes, lo que derivó en la presentación de la quiebra.
Desde el entorno de la empresa advirtieron que permitir la subasta podría generar un perjuicio mayor: “Si la empresa quiebra, los reclamos van a caer a la provincia”, señalaron.
En la misma línea, la sindicatura del concurso, encabezada por la contadora Nancy Ortiz, remarcó que “no deben salir bienes del patrimonio de la concursada y permitirlo implicaría un grave perjuicio para los acreedores”, ya que se reduciría el activo disponible para afrontar las deudas.
El equipo legal de Casanova, liderado por el abogado Emiliano Díaz, también cuestionó la inclusión de la avioneta en la subasta. Según sostienen, se trata de un caso de delitos económicos y no vinculados al narcotráfico, lo que —afirman— vuelve llamativa la selección de bienes.
Además, deslizaron críticas hacia el procedimiento: “Decir que se subasta un avión es más importante que un auto”, en referencia al impacto mediático de la medida.
La defensa también subrayó que los bienes fueron secuestrados sin una condena firme, la cual —según estiman— podría demorar hasta cuatro años.
La aeronave en cuestión presenta múltiples irregularidades. Se trata de una Cessna 402 A que no vuela desde 2019 por falta de habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y que incluso registra un accidente aéreo en 2009 en San Fernando.
Según datos oficiales, el avión:
- No tiene llaves
- Se desconoce su año de fabricación
- No posee registro de kilometraje
- Está valuado en aproximadamente $50.000.000 (unos 37 mil dólares al tipo de cambio oficial)
En caso de concretarse la subasta, el dinero recaudado ingresaría a las arcas provinciales, con una retención del 20% en concepto de comisión y gastos. El 80% restante quedaría bajo control del Estado hasta que exista una sentencia firme. Recién entonces, la provincia podría destinar esos fondos al pago de acreedores, actualizados según la tasa pasiva del Banco Nación, un índice que —según advierten— queda por debajo de la inflación.
La audiencia ante el juez Negroni será determinante para establecer el futuro de la avioneta y del resto de los bienes incluidos en la subasta. El caso pone en tensión dos criterios: el destino estatal de los bienes incautados al delito y el derecho de los acreedores a recuperar lo adeudado.
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