El juez Bailaque, imputado por varias causas penales, en audiencia. Foto: Farid Dumat Kelzi
En un hecho inédito para el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario decidió confirmar este lunes la prisión preventiva del juez federal rosarino Marcelo Bailaque que había sido dictado hace dos semanas por el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz. La resolución fue unánime y se dio a conocer luego de un cuarto intermedio al que se había pasado el último viernes por la noche, después de nueve horas de audiencia.
Como alternativa a lo que solicitado por los fiscales, el Tribunal dispuso para Bailaque la variante un arresto domiciliario por 90 días, que de todos modos no podrá hacerse efectivo hasta que el Consejo de la Magistratura no lo destituya. Este último trámite podría concretarse en las próximas semanas, según datos a los que pudo acceder Red Boing en diálogo con fuentes del organismo. Allí, polémico el juez rosarino tiene varias denuncias por mal desempeño, con sospecha de hechos de corrupción y de haber protegido a la banda narco liderada por Esteban Alvarado. Con ese material, se prevé que la Comisión de Acusación lo acuse formalmente antes de que termine mayo.
Respecto al aspecto económico de las medidas cautelares que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el juez Rodrigues da Cruz había dispuesto una inhibición de bienes y cuentas bancarias del Bailaque por un monto de $1.500 millones para resarcir el daño económico causado a sus presuntas víctimas. La Cámara de Apelaciones decidió bajar ese monto a $600 millones.
Seis meses desde el allanamiento del despacho del juez
Al juez cabe recordar, se lo allanó en su despacho en noviembre pasado y luego fue informado formalmente de que existía una investigación en su contra por varios delitos. Los fiscales que lo imputaron son Federico Reynares Solari, Juan Argibay Molina, Diego Iglesias, Diego Velasco y Juan Rodríguez, funcionarios judiciales del máximo nivel de la PROCUNAR y la PROCELAC, que trabajan con causas vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos.
La resolución este lunes de la Cámara fue la continuidad de una audiencia que había comenzado el último viernes, como desarrollo de una causa que sigue generando revuelo en el fuero federal rosarino. La apelación había sido solicitada por la defensa de Bailaque, ante el el Tribunal compuesto por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal, que tras nueve horas de escuchar a los fiscales y abogados defensores decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy.
Entre otros argumentos expuestos durante la audiencia de revisión de la medida cautelar, los fiscales revelaron que desde noviembre pasado cuando fue allanado el juez Bailaque no todavía entregó la clave de su iPhone, que está en poder de los fiscales. Además, desde el MPF mostraron que el magistrado pudo
A Bailaque lo investigan varios funcionarios del Ministerio Público Fiscal y organismos como la PROCUNAR y la PROCELAC. A la hora de la imputación, se le achacaron varios delitos. El primera de los legajos es por haber dilatado la intervención de líneas telefónicas vinculadas a Esteban Alvarado, en el año 2013. En aquel tiempo, tenía a su cargo dos causas contra el narco, hoy preso en la cárcel federal de Ezeiza. Debía investigarlo por narcotráfico y por lavado de dinero. Y por eso se la había solicitado autorizar escuchas judiciales de teléfonos que podían aportar información sobre el manejo de la banda. Esos pedidos fueron rechazados por el juez, en repetidas oportunidades.
En la audiencia de este viernes, el fiscal Diego Iglesias explicó: “Bailaque tomó decisiones que sirvieron para favorecer los intereses procesales de personas vinculadas a Alvarado, en dos causas que tenía en su Juzgado Federal 4. Dentro de esas personas que podían ser beneficiadas, estaba Gabriel Mizzau, que era amigo de la infancia del juez, un dato reconocido por él mismo”.
“Las escuchas telefónicas hablaban del comisario Quevertoque, vinculado con Alvarado, que en ese momento estaba preso en Campana, por causa de la justicia de San Isidro. Y en ese entonces ya era investigado en otro ámbito por haber instigado delitos de la cárcel. Y aparecía el nombre de Jorge Benegas, por lavado de activos junto al “peruano” Granthon, investigada por el tráfico de droga en avionetas y a gran escala. En la misma investigación aparecían el hermano de Alvarado, Britez y Carlos Argüelles, que sabrán ustedes fue asesinado después de declarar contra Alvarado. También se nombraba a Rosa Capuano. Eso mostraban los informes que tenía el juez. Y la PROCELAC, al mismo tiempo, ya exponían que había un entramado de empresas montadas para esconder el origen ilegal del dinero que generaba la banda. Y aparecía Logística Santino. ¿Y qué contador firmaba los avales de ese armado empresarial? Gabriel Mizzau”, detalló Iglesias.
Las investigaciones contra Bailaque
Días pasados, el fiscal Matías Scilabra leyó una extensa lista de líneas telefónicas que Bailaque había rechazado intervenir en 2014. Todas estaban vinculadas al entorno de Alvarado: su socio Jorge Benegas, su pareja Rosa Capuano y Daniela Ungaro, pareja del narco Luis Medina, entre otras. Una de las escuchas que sí consta en el expediente muestra a Alvarado advirtiendo: “Nos están empezando a allanar, tenemos que hablar con el contador por lo de las empresas”. La referencia apuntaba a Gabriel Mizzau, amigo personal de Bailaque.
Por su parte, el fiscal Federico Iglesias explicó que, en su rol, Bailaque era la única persona dentro de la justicia federal que conocía en simultáneo las dos causas activas contra Alvarado: una por narcotráfico y otra por lavado de dinero. “Por eso eran infundadas sus negativas a intervenir las líneas”, remarcó.
A su vez, el fiscal Argibay Molina, avanzó en la imputación del magitrado por una maniobra extorsiva que involucró al propio Bailaque, al financista Fernando Whpei y al entonces jefe regional de la AFIP, Carlos Vaudagna. Según la acusación, el 14 de agosto de 2019 simularon recibir un anónimo con información falsa contra Claudio Iglesias, con el objetivo de frustrar sus chances de convertirse en presidente de San Cristóbal Seguros. A pesar de que sabían que se trataba de una denuncia fraguada, al día siguiente Bailaque ordenó medidas.
Cabe recordar que Bailaque -que compartió las maniobras extorsivas con el financista Whpei- tiene un pedido de prisión preventiva vigente, que no se concretó por los fueros que lo protegen.
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