El Gobierno de Santa Fe supervisó este viernes la inactivación de tres nuevos puntos de venta de drogas en barrio Banana, en la zona de Gutemberg entre avenida 27 de Febrero y pasaje Gálvez, uno de los sectores más golpeados por la violencia narcocriminal en Rosario. Los procedimientos se realizaron en el mismo lugar donde la semana pasada fue asesinado un agente de la Policía Federal Argentina durante un operativo vinculado a investigaciones sobre narcotráfico.
Con estas intervenciones, la provincia alcanzó un total de 129 búnkeres derribados o inactivados desde la implementación de la Ley de Microtráfico, sancionada a fines de 2023, una herramienta que permitió transferir a la Justicia provincial la investigación de la venta minorista de estupefacientes y agilizar las acciones contra las organizaciones criminales.
Los operativos fueron encabezados por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de una estrategia que busca desarticular puntos de comercialización de drogas y recuperar territorios afectados por economías ilegales.
Una herramienta contra el narcomenudeo
La Ley de Microtráfico marcó un cambio en la lucha contra el narcomenudeo al otorgar mayores facultades a la Justicia provincial para intervenir en este tipo de delitos. A partir de su puesta en marcha, el Gobierno santafesino impulsó una política de derribo e inactivación de inmuebles utilizados para la venta de drogas o vinculados a hechos de violencia criminal.
Desde entonces, los procedimientos se desarrollan mediante un trabajo coordinado entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.
“Son focos de violencia y de muerte”
Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, destacó la importancia de continuar avanzando sobre estos espacios.
“Con estas tres inactivaciones llegamos a 129 procedimientos en toda la provincia. Estos lugares no son solamente puntos de venta de droga; son también focos de violencia y de muerte. Seguimos trabajando con una herramienta que nos permite avanzar con mayor rapidez en las investigaciones y obtener resultados concretos”, afirmó.
Las autoridades sostienen que la eliminación de estos puntos de venta no sólo busca interrumpir la comercialización de estupefacientes, sino también reducir los hechos violentos que suelen generarse alrededor de estas estructuras.
Allanamientos, secuestro de droga y armas
El fiscal Franco Carbone explicó que los inmuebles intervenidos forman parte de las investigaciones que se desarrollaron tras el asesinato del efectivo federal y de otras causas vinculadas a organizaciones narcocriminales que operan en el barrio.
“En el marco de las medidas adoptadas después del hecho, realizamos allanamientos simultáneos en estos inmuebles y en otros puntos del barrio. Se secuestró material estupefaciente fraccionado para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión y armas de fuego, todos elementos de relevancia para el avance de las investigaciones”, señaló.
El funcionario judicial agregó que, a partir de las pruebas reunidas, se solicitó el cese del estado antijurídico de los tres inmuebles, una medida que impide que vuelvan a ser utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.
Avances en la causa por el crimen del agente federal
Consultado sobre la investigación por el homicidio del efectivo de la Policía Federal, Carbone indicó que ya existen personas imputadas y con prisión preventiva.
“Son personas conocidas que continúan desarrollando actividades delictivas a través de terceros, ya que sus principales integrantes se encuentran detenidos. Desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico hemos impulsado numerosas investigaciones, con detenciones y secuestros que permiten avanzar sobre estas organizaciones”, sostuvo.
Las inactivaciones realizadas en barrio Banana forman parte de una estrategia integral que combina investigaciones judiciales, operativos policiales y la eliminación física de los puntos de venta de droga, con el objetivo de reducir la violencia asociada al narcotráfico en algunos de los barrios más complejos de Rosario y del resto de la provincia.
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