El Gobierno de Colombia llevó adelante un bombardeo en la región del Catatumbo, al noreste del país y en cercanías de la frontera con Venezuela, en el marco de una ofensiva contra grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico. El ataque dejó un saldo de siete personas muertas y un detenido, según informaron fuentes oficiales, y generó una fuerte preocupación en las comunidades locales por el impacto sobre la población civil.
La situación fue abordada en el programa Río Extra Primera Hora, por FM Río 96.9, donde se tomó contacto con José Luis Cáceres, presidente de la Junta Comunal de Tibú, uno de los municipios ubicados en el epicentro del conflicto. El dirigente relató que los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando vecinos de zonas rurales comenzaron a reportar fuertes detonaciones, sobrevuelos de aviones de combate y helicópteros.
Cáceres explicó que el operativo sorprendió a la población, ya que desde septiembre de 2021 el Estado colombiano había desistido de este tipo de acciones militares aéreas, en el marco de la política de negociación y búsqueda de acuerdos de paz. Sin embargo, la escalada de violencia en el Catatumbo se intensificó desde enero del año pasado, con enfrentamientos entre grupos insurgentes y choques con las fuerzas armadas, lo que derivó en un desplazamiento masivo de más de 100.000 personas.
“Estamos hablando de campesinos que pierden sus casas, su tierra y su arraigo. Muchos nacieron y crecieron en esas fincas. La guerra no les da la oportunidad de un retorno seguro”, advirtió el referente comunal, quien además trabaja en la oficina de posconflicto de la ciudad de Cúcuta, principal destino de los desplazados.
El dirigente también remarcó que el conflicto en el Catatumbo no se explica únicamente por el narcotráfico, sino por una combinación de factores territoriales y económicos. La región concentra recursos estratégicos como minería, ganadería, producción de palma africana y oleoductos, lo que la convierte en un enclave clave para distintos actores armados. “Es una disputa por poder y territorio. Mientras no haya desarrollo e inversión estatal sostenida, la violencia va a continuar”, sostuvo.
La ofensiva fue confirmada públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien informó el operativo a través de sus redes sociales, en un contexto de especulaciones sobre presiones internacionales, especialmente tras recientes contactos con el Gobierno de Estados Unidos. Desde las organizaciones comunitarias advierten que este tipo de acciones pueden derivar en represalias de los grupos armados y en una nueva ola de desplazamientos.
“Mientras haya armas, nadie va a ceder. Colombia lleva más de 60 años de conflicto y no se va a resolver solo con acciones militares”, concluyó Cáceres, quien reclamó retomar instancias de diálogo y soluciones políticas para evitar que la población civil siga siendo la principal víctima.
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