Una jornada marcada por la violencia se vivió este miércoles frente al Congreso de la Nación, donde se registraron fuertes incidentes mientras el Senado debate la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Manifestantes arrojaron piedras y bombas molotov, incendiaron contenedores y rompieron adoquines en la Plaza del Congreso, lo que derivó en la intervención de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad bajo el protocolo antipiquetes. Hay al menos siete detenidos y cuatro efectivos heridos.
El Gobierno confirmó que realizará una denuncia penal contra los manifestantes que participaron en los disturbios. Según fuentes oficiales, la acusación incluirá el lanzamiento de artefactos incendiarios, agresiones a efectivos y daños al espacio público. Algunos de los involucrados ya fueron detenidos y otros serán identificados mediante cámaras de seguridad.
Los enfrentamientos comenzaron durante la tarde, cuando columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones sociales marcharon desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral. El acto central estaba previsto frente al Palacio Legislativo con la lectura de un documento. Sin embargo, en medio de la concentración se produjeron choques con el cordón policial desplegado en las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña.
Desde el Ejecutivo indicaron que no descartan ampliar la denuncia a los organizadores de la movilización, aunque el alcance dependerá de lo que surja de la investigación judicial. El Ministerio de Seguridad trabajará junto a las áreas jurídicas para tipificar los delitos vinculados al uso de bombas molotov y los daños en la vía pública.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo en su cuenta de X que sus equipos están “resguardando todas las imágenes” y que ya solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar en la identificación de los responsables. “Quienes hayan participado en los ataques van a ser identificados y enfrentarán todo el peso de la ley”, afirmó.
En paralelo, la Policía desplegó un operativo especial con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y cordones humanos para dispersar a los grupos que permanecían frente al Congreso. Minutos antes de las 17:00, la Plaza quedó despejada. La desconcentración comenzó poco después de esa hora.
Cinco de los detenidos fueron arrestados por la Policía de la Ciudad y dos por la Policía Federal Argentina (PFA). Además, una unidad de bomberos intervino para apagar el fuego de contenedores incendiados en la zona.
Las autoridades informaron que hubo roturas de adoquines, calles cubiertas de escombros y basura, y objetos arrojados contra el vallado que rodea el Palacio Legislativo. En Balcarce 50 señalaron que continuarán monitoreando los registros fílmicos para sumar pruebas a la presentación judicial.
Dirigentes políticos también se pronunciaron tras los incidentes. La senadora Patricia Bullrich escribió en X: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”. Y agregó: “La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó: “El desastre que hicieron estos delincuentes no puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito”. En esa línea, sostuvo que “no alcanza con multas, tienen que ir presos”.
La movilización había sido convocada por la CGT a partir de las 15 horas, con una fuerte concentración sindical en las inmediaciones del Congreso. Desde temprano se implementó un amplio operativo de seguridad en un comando unificado entre Nación y Ciudad, que incluyó vallas alrededor del Palacio Legislativo y de la Casa Rosada, además de cortes programados en avenidas clave como Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, de Mayo, Diagonal Norte y Sur. También se interrumpió el tránsito en calles como Uruguay, San José, Paraná, Sáenz Peña, Montevideo, Virrey Cevallos, Rodríguez Peña, Solís, Riobamba, Combate de los Pozos, Ayacucho y Sarandí.
El oficialismo busca este miércoles darle media sanción al proyecto de reforma laboral. Desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios, tras acordar 28 modificaciones con bloques aliados. Entre los puntos centrales se encuentran la redefinición del cálculo indemnizatorio, un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la registración laboral simplificada y digital, la redefinición de beneficios sociales no remunerativos, la habilitación voluntaria del banco de horas, la incorporación de un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral y la reducción de cargas sociales.
La jornada dejó imágenes de fuego, corridas y enfrentamientos en pleno centro porteño, en un contexto de alta tensión política donde el debate legislativo y la protesta social volvieron a cruzarse en la calle.
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