El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó este miércoles la ley que amplía la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores que ganan hasta 5.000 reales mensuales (unos 931 dólares) y que, al mismo tiempo, eleva la tributación a los ingresos más altos.
La medida, una de sus principales promesas de campaña en 2022, entrará en vigencia en enero del próximo año. Además de la exención total para quienes cobran hasta 5.000 reales, la norma establece descuentos fiscales para ingresos de hasta 7.350 reales mensuales (aproximadamente 1.368 dólares), según informó Xinhua y consignó la Agencia Noticias Argentinas.
15 millones de beneficiarios y un mensaje centrado en la redistribución
En total, 15 millones de brasileños serán alcanzados por esta reforma:
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10 millones dejarán de pagar el impuesto,
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5 millones verán reducida su carga tributaria.
Durante el acto de promulgación, Lula reiteró su compromiso con la justicia social y la lucha contra la desigualdad. Reconoció que Brasil aún está lejos de ser una “sociedad igualitaria”, pero remarcó que es responsabilidad del Estado atender a quienes más lo necesitan.
“Mucho dinero en manos de pocos significa miseria, pero poco dinero en manos de muchos significa distribución de riqueza”, sostuvo el mandatario.
También destacó el rol del consumo popular: “La economía no crece por el tamaño de la cuenta bancaria de nadie, crece por el consumo que la sociedad puede tener. El rico no se vuelve más pobre: si el pobre consume más, el rico va a volverse más rico. El rico va a vender más carne, más ropa, más autos”.
Cómo se compensará la pérdida de recaudación
Para equilibrar el impacto fiscal de la rebaja impositiva, la nueva ley crea una alícuota adicional progresiva de hasta el 10% para quienes perciben más de 600.000 reales anuales (unos 111.700 dólares), un universo compuesto por aproximadamente 140.000 contribuyentes.
Actualmente, las personas de mayores ingresos pagan en promedio un 2,5% efectivo sobre sus ingresos totales, frente al 9% al 11% que tributan los trabajadores en general.
La normativa también establece:
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un impuesto del 10% sobre utilidades y dividendos enviados al exterior,
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límites para la carga tributaria conjunta entre empresas y contribuyentes,
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y derecho a restitución si esos límites son superados.
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