A pocas horas de la fuerte intervención policial en dos populares barrios al norte de Río de Janeiro, que terminó con al menos 132 muertes, el periodista brasileño Bruno Lima Rocha habló con Boing 97.3: “La ciudad convive con este tipo de operaciones desde mediados de los años ’80. Todas las semanas pasa algo así, claro que con mucha menor letalidad y escala que lo que vimos en el Complexo do Alemao y en Penha, pero es frecuente que haya enfrentamientos. En la ciudad hay siete bandas y muchas veces cuando disputan entre ellos o con la policía, termina habiendo muertos y el bloqueo de alguna calle”, señaló.
El analista dialogó con Gabriel Pennis en “Antes de Todo” y amplió: “Durante muchos años esa guerra con las bandas criminales se daba en la zona sur de Río, cerca de la parte más turística que quizás muchos conocen de la ciudad. Pero desde comienzos desde este siglo hubo una especie de ‘acuerdo de paz’, por el que lugares cercanos a Ipanema o Copacabana dejaron de tener escenas violentas. Eso fue poco antes de los Juegos Panamericanos de 2007. Desde aquel momento, los barrios en esos morros siguen bajo el control de los grupos criminales, pero con una tregua todavía vigente para los rincones que son los que visita el turismo”.
La ofensiva se presentó como un “plan de contención” de la banda criminal Comando Vermelho y fue diseñada por el el gobernador de Río, Cláudio Castro, del mismo partido que el ex presidente Jair Bolsonaro, opositor del presidente Lula Da Silva, del PT. “Hay muchas denuncias previas en contra de Castro, que inclusive casi pierde su mandato por denuncias de compra de votos. Con la intervención de este martes, algunos pensaron que se podía correr el riesgo de que se rompa la tregua de la que les hablé. Por el momento, eso no pasó. Sí sucedió que hubo una ‘asfixia’ de avenidas claves que conectan a Río con ciudades al norte que tienen más de un millón de habitantes, algo así como si hubiera quedado desconectada Buenos Aires de la zona de La Matanza. Eso pasó después del enfrentamiento en los morros”, analizó Rocha.
Enseguida, el periodista brindó un panorama de lo que pasa día a día en los morros de Río: “En todos hay al menos una comunidad. Y no conozco ninguna que no tenga presencia de una banda criminal o parapolicial. Antes el Comando Vermelho reclutaba moradores e imponía un orden en los barrios, sin tiranía. Ahora cobró fuerza una agrupación rival que se llama Tercer Comando, que tiene más relación con el aparato represivo y fue siempre más tiránica. Su líder, conocido como ‘Pescado Grande’ o ‘Peixao’, es un fanático evangélico que impone el monopolio de la religión. Y él, a pesar de ser afrobrasileño, manda a perseguir a los que confiesan esa fé religiosa. Lo que sucede también es que cuando avanzó el dominio parapolicial a mitad de los años 2000, con apoyo del gobierno local, con un discurso del ‘mal menor’, muchos policías empezaron a ser como dueños de la comunidad. El narcomenudeo estaba prohibido, pero apareció la renta en otros rubros, como la venta de propiedades irregular, servicios de internet, transporte y de votos para ser dirigentes de esa comunidad en el morro. En los últimos cinco años, el Comando Vermelho retomó poder en esos barrios, en detrimento de aquellos grupos parapoliciales. El CV se alimenta de una expansión nacional, que no tienen las bandas parapoliciales, que necesitan sí o sí de lo que generan las propias comunidades. El Vermelho tiene otra espalda, porque está metido con el tráfico de armas y tiene conexiones afuera del país”.
El periodista brasileñó también explicó la dinámica previa a lo que sucedió el martes: “El gobierno nacional había tenido la propuesta hace más o menos un año de acotar los espacios para el lavado de dinero. Esto surgía de analizar que el flujo financiero del delito era muy grande. Y así surgió un proyecto para reorganizar el sistema nacional de seguridad pública, ampliando el espacio del Estado nacional y creando una agencia antimafia, un organismo con presencia de AFIP, Aduana, la Policía Federal de Brasil, con representantes permanentes en cada Estado. Para sorpresa de muchos, los representantes de derecha fueron en contra de esa idea, argumentando que eso iba a terminar con el poder de los gobernadores. Entonces quedamos en una especie de limbo, sin ley nacional para enfrentar de fondo estos problemas”.
Finalmente, Rocha realizó un análisis del propio operativo policial: “Lo que hizo Castro -que en la asamblea estadual tiene varios de sus miembros sospechados de vínculos con el narcotráfico- hizo lo que ustedes llamarían como ‘cortarse solo’. Ya lo había hecho hace ocho meses cuando fue a Estados Unidos y se vino con una declaración del Comando Vermelho como organización narcoterrorista y preparó el terreno para la intervención, que para algunos analistas ‘tiró por la borda’ un año de investigación del Ministerio Público Fiscal. Generó un hecho público bañado en sangre y tiró a la basura el trabajo que se venía haciendo, porque de las cien órdenes de captura que tenían los organismos de inteligencia, se lograron apenas dos detenciones. Murieron muchos que no eran los que tenían que ir a buscar. En este tipo de operativos entran las fuerzas especiales de la Policía Civil, pero acá se pusieron muchos efectivos, con batallones que no estaban preparados para lo que pasó. El primero de los policías muertos era un comisario que hacía cuarenta días había entrado a la fuerza, un abogado recién ingresado. ¿Y qué pasó después? En venganza por haberles matado a algunos de sus agentes, ejecutaron una venganza: se autorizó el asesinato de los que estaban huyendo y para causar pánico en la fuerza del narco, decapitaron a varios de los que se iban cruzando y los dejaban tirados en la selva”.
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