El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno nacional impulse algún tipo de asistencia para las familias que acumulan deudas con tarjetas de crédito, pese al crecimiento de la morosidad registrado en los últimos meses, reportado por el Banco Central. Según sostuvo, se trata de un vínculo entre entidades financieras y particulares sobre el que el Estado no tiene margen de intervención.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario fue consultado por el aumento de los incumplimientos en el pago de créditos y respondió que esa situación corresponde al ámbito privado. En ese marco, recordó que desde el Gobierno habían advertido a algunas entidades financieras sobre los riesgos de otorgar préstamos con tasas muy elevadas en un contexto en el que los salarios crecían a un ritmo considerablemente menor.
Caputo planteó que los bancos también deben asumir parte de la responsabilidad por las políticas de crédito que implementaron y consideró que las propias entidades comenzaron a reaccionar ofreciendo refinanciaciones con tasas más bajas y plazos más extensos para reducir los niveles de mora.
Sin embargo, rechazó de plano la posibilidad de una ayuda estatal para quienes no pueden afrontar sus deudas. Argumentó que una intervención oficial generaría un problema de “riesgo moral”, ya que, según explicó, implicaría beneficiar a personas que tomaron decisiones financieras equivocadas.
En ese sentido, sostuvo: “Ahí entrás en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard (riesgo moral), ¿no? Ese tema de decir: ‘Bueno, pará, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones’. Porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito… y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir”
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el endeudamiento de los hogares continúa en aumento. De acuerdo con una encuesta de Opina Argentina, una de cada dos personas recurrió al crédito para afrontar gastos cotidianos, entre ellos la compra de alimentos, reflejando las dificultades de muchas familias para sostener el consumo.
Al mismo tiempo, el financiamiento con tarjetas de crédito mantiene costos muy elevados. Tras la desregulación del sistema financiero, las entidades pueden aplicar tasas significativamente más altas para refinanciar saldos, lo que complica aún más la situación de quienes ya enfrentan dificultades para cumplir con los pagos y alimenta el crecimiento de la morosidad.
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