Este lunes 5 de enero, el escenario político y judicial se trasladó definitivamente a los Estados Unidos. Nicolás Maduro y Cilia Flores abandonaron el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecían bajo custodia desde el sábado, para enfrentar su primer acto procesal en el tribunal federal de Manhattan. El ex mandatario venezolano debe escuchar formalmente las acusaciones que lo vinculan con delitos de narcotráfico y terrorismo internacional.
La fiscalía federal, liderada por Pamela Bondi, presentará los cargos que sitúan a Maduro a la cabeza de una red global de tráfico de drogas con nexos en organizaciones terroristas. Según las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el Ministerio Público cuenta con un “volumen abrumador” de pruebas acumuladas durante años de investigación silenciosa, lo que anticipa un juicio complejo y extenso.
La audiencia de hoy es determinante para el futuro inmediato de la pareja. Fuentes judiciales advierten que, dada la gravedad de los delitos y el evidente riesgo de fuga, la fiscalía solicitará que ambos permanezcan detenidos sin derecho a fianza durante todo el proceso. Este mecanismo busca garantizar que los acusados no evadan la justicia mientras se analizan los miles de documentos y testimonios que integran el expediente.
El proceso judicial no solo pone el foco en el presunto “narcoterrorismo”, sino que también se entrelaza con las tensiones geopolíticas por el control de los recursos naturales de Venezuela. La defensa de Maduro intentará, probablemente, cuestionar la legalidad de la captura y la jurisdicción del tribunal, aunque el gobierno estadounidense confía en la solidez de los cargos presentados.
Los analistas legales coinciden en que este es apenas el primer paso de una batalla judicial que podría durar meses o incluso años. Mientras tanto, en las afueras del tribunal de Manhattan, grupos de exiliados venezolanos y medios de comunicación de todo el planeta aguardan cualquier detalle que surja de la sala del juez Hellerstein. El inicio del 2026 queda marcado así por un caso que redefine el alcance de la justicia internacional sobre los ex jefes de Estado.
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