El gobierno de Javier Milei oficializó una nueva prórroga de la emergencia penitenciaria federal por otros dos años, en medio de una fuerte crisis de sobre población en las cárceles argentinas y la falta de plazas disponibles para alojar detenidos.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 439/2026 y lleva la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La emergencia había sido declarada originalmente en 2019 y ya había sido extendida en 2022 y 2024.
Según los datos oficiales del Servicio Penitenciario Federal (SPF), actualmente hay 12.248 personas alojadas en cárceles federales, pese a que la capacidad operativa disponible es de 10.932 plazas. Esto implica una ocupación superior al 6%.
Además, el Gobierno reconoció que todavía existen más de 5.000 detenidos esperando ser incorporados al sistema federal. De ese total, 2.657 corresponden a causas de la Justicia Federal y otros 2.416 están vinculados a la Justicia Ordinaria porteña.
El Ejecutivo sostuvo que esta situación afecta tanto las tareas de custodia como los programas de reinserción social dentro de las unidades penitenciarias. Uno de los puntos que marcó el Gobierno es que casi la mitad de la población alojada en cárceles federales pertenece a causas de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la resolución oficial, el SPF mantiene bajo custodia a 5.983 detenidos vinculados a expedientes porteños, lo que representa el 48,85% de toda la población penitenciaria federal.
Desde Nación atribuyen parte de la crisis a la falta de traspaso de la Justicia Penal Ordinaria al ámbito de la Ciudad, una discusión histórica que volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y la administración porteña.
Más presos y nuevas obras
El informe oficial detalló que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 ingresaron más de 15 mil nuevos detenidos al sistema federal. Del total, la mayoría corresponde a causas de la Justicia Nacional.
Frente al colapso, el Gobierno destacó algunas medidas implementadas para aliviar la presión sobre las cárceles:
- La inauguración de la Unidad Nº36 de Coronda, en Santa Fe.
- Nuevas plazas en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa.
- La ampliación del sistema de vigilancia electrónica para arrestos domiciliarios.
- El avance de la construcción del Complejo Federal de Mercedes, en Buenos Aires.
Actualmente, más de 1.500 personas cumplen arresto domiciliario monitoreado con dispositivos electrónicos en todo el país. La situación penitenciaria argentina arrastra problemas estructurales desde hace años, con denuncias por hacinamiento, falta de infraestructura y demoras en la construcción de nuevos penales.
Con esta nueva prórroga, el Gobierno busca mantener herramientas extraordinarias para gestionar el crecimiento sostenido de la población carcelaria mientras intenta ampliar la capacidad del sistema federal.
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